El futuro de las abejas sin techo y de un palacio
Detrás de esa abreviatura que atraganta (PRUG), está el catecismo que imperará en Doñana hasta 2006: lo permitido y lo que será pecaminoso por atentar contra la conservación. Y, a diferencia de otros documentos, es una herramienta detallista y concreta, donde se recoge desde el número de colmenas que se autorizarán hasta los tendidos aéreos de luz y teléfono que habría que retirar si los hubiera.
El documento aún no está cerrado. Una de las propuestas más curiosas será de Ecologistas en Acción. Su representante en el Patronato del parque, Juan Romero, sostiene que pedirán que se compren los dos tercios del palacio de Doñana que son propiedad privada de las familias González Gordon y Noguera. Con esta última, la Administración entabló un pleito después de expropiarle sus bienes, que volvieron a manos de sus antiguos dueños. Romero puntualiza que, dada la vinculación con el espacio de Mauricio González Gordon, uno de los impulsores de la conservación de Doñana, sería partidario de que se le siguiese permitiendo usar el palacio.
El alcalde de Almonte, Francisco Bella (PSOE), quiere que las oficinas administrativas del Parque Nacional se trasladen desde el Acebuche hasta Almonte con el argumento de que aligeraría la carga sobre el espacio y, al mismo tiempo, generaría más actividad económica en el municipio onubense.
Sobre el aprovechamiento apícola contemplado en el borrador, el director de la Estación Biológica de Doñana, Fernando Hiraldo, también ha puesto objeciones. La capacidad 'competitiva' de las abejas domésticas repercute sobremanera entre las comunidades de abejas silvestres, más torpes a la hora de buscar alimento que las domésticas.
El PRUG también supondrá la eliminación de un vestigio de su pasado más reciente y más negro. El borrador contempla la supresión del dique de defensa del Brazo de la Torre, que se construyó como una medida provisional de defensa tras el vertido tóxico provocado por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en abril de 1998. La eliminación sólo se acometerá cuando las aguas del río Guadiamar 'hayan superado los niveles de calidad exigibles'.
