Niños

La Junta de Andalucía pretende que las empresas tabaqueras paguen el gasto sanitario que generan. A primera vista parece una medida justa, por lo que me pregunto si hará lo mismo con las que fabrican bebidas alcohólicas, incluidas las bodegas de Jerez. El alcohol no sólo provoca enfermedades al individuo, sino además severos trastornos en su entorno y consiguientemente gasto de dinero público, que es la razón esgrimida por Chaves para actuar. Puestos a dictar normas modélicas, el presidente de la Junta podría obligar a que las empresas automovilísticas corrieran con el coste de los accidentes de circulación, la primera causa de mortandad entre la juventud. Claro que si se dictaran estas leyes, ya estoy viendo a los asesinos exigiendo a la Junta que demande a los fabricantes de pistolas por sacar al mercado unos artefactos tan mortales; o a los que tienen problemas con el colesterol reclamar que se grave la elaboración de los torreznos.

Desde un punto de vista estrictamente económico, me parece bien que la Junta aplique una dura política fiscal a las millonarias empresas tabaqueras. También vería con agrado que hiciera efectiva una tasa en todas las operaciones de capital, y que las grandes corporaciones industriales fueran obligadas a invertir una parte sustancial de sus beneficios en proyectos que requiriesen el empleo de mano de obra. Lo que ya no veo tan claro es el argumento utilizado para exigir los 60.000 millones: dicen que las tabaqueras deben pagar el gasto que provocan. Del mismo modo que el culpable de un accidente de circulación que se queda tetrapléjico no es la empresa automovilística que fabrica un modelo tan veloz, sino el conductor que sobrepasa el límite de velocidad, el responsable del cáncer de pulmón provocado por el consumo de tabaco no es la empresa que elabora los cigarrillos, sino el fumador, que pese a las campañas de información decide libremente seguir fumando. La Administración debe obligar a que las empresas tabaqueras informen sin tecnicismos del contenido de los cigarrillos, y controlar que el nivel de estas sustancias se corresponda con dicha información. Luego que cada cual fume lo que quiera. Muchos pensarán que no hay razón para cubrir con el dinero de todos a quien decide envenenarse, pero vivir en sociedad no consiste solamente en tener a nuestra disposición un médico de guardia; tiene también sus gastos: hay que pagar entre todos el catarro de los niños, aunque no se tengan; el rescate del alpinista, aunque se deteste la escalada; y el cáncer del fumador, aunque se sea un alcohólico.

Culpar a las empresas tabaqueras de las enfermedades de los fumadores puede ser muy efectivo económicamente, como se ha demostrado en los Estados Unidos; y es posible que la Junta tenga la obligación de urdir triquiñuelas legales para sacarle los cuartos a las multinacionales del tabaco. Pero ello no quita que el principio invocado para hacerlo constituya una peligrosa aberración. Eximir al ciudadano de las responsabilidades que contrae en el ejercicio de su libertad es, como muy bien saben en Estados Unidos, el primer paso para convertirlo en un niño: sin muchas obligaciones primero, sin mucha información después, y al final sin muchos derechos.