IU, CC OO y asociaciones de vecinos piden la dimisión del Defensor

La decisión del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, de no recurrir la Ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional continúa provocando reacciones entre las 769 organizaciones que se dirigieron a él para solicitarle que presentara recurso contra la norma.

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, le calificó como 'la voz del Gobierno' y le sugirió que presente su dimisión si considera 'incompatible' la defensa de los 'débiles' con su agradecimiento al Gobierno del PP por haberle designado para el cargo.

'Su decisión tiene más que ver con su sujeción al Gobierno y al PP que con sus obligaciones como Defensor del Pueblo', dijo Llamazares. A su juicio, 'en vez de ser la voz de los sin voz y permitir que los inmigrantes pudiesen ser escuchados por el Tribunal Constitucional, se ha convertido en la voz de su amo: en la voz del Gobierno y del PP'. Según el dirigente de IU, con ello Múgica 'no sólo hace un flaco favor a los débiles, a los inmigrantes, sino también a su cargo y a la institución del Defensor del Pueblo, que nunca ha estado en una situación tan mala'. Su actitud, dijo, 'pone la credibilidad de la institución bajo mínimos'.

Llamazares juzgó como 'inaceptable' la decisión de Múgica tanto 'por el fondo como por la forma', y le recordó que su papel no es juzgar la constitucionalidad o no de la ley, sino limitarse a acudir al alto tribunal ante la mínima duda sobre la constitucionalidad de una norma, informa Javier Cuartas.

También la secretaria de política social de Comisiones Obreras (CC OO) de Cantabria, Yolanda Castillo, exigió la dimisión de Múgica, porque 'ha demostrado no defender los derechos del pueblo español'. Precisó que al hablar de pueblo español se refiere a todas las personas 'que quieren compartir su trabajo, su cultura y su vida con nosotros'. Dijo desconocer si la decisión de no recurrir la ley obedece 'al pago de favores o es pura incompetencia', pero que lo que sí sabe es que 'no está legitimado para ser el defensor de un pueblo, el español, que ya no confía en él.

Asimismo, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de España (CAVE), que reúne a 3.000 de estas entidades, hizo público un comunicado en el que recuerda a Múgica que no es función suya considerar o 'deducir' si una ley es o no inconstitucional, y que debería estar obligado a recurrirla, 'aún no compartiendo los criterios de quienes se lo solicitamos'. Termina pidiendo al Defensor del Pueblo que dimita, 'puesto que su decisión de no recurrir una ley rechazada por tan amplia base social y política lo sitúa claramente en el campo de la confrontación con la sociedad, y por lo tanto está incapacitado para ejercer la labor de mediación y defensa de los ciudadanos que exige la Constitución'.