Múgica asegura que actuó en conciencia al no recurrir la Ley de Extranjería

Múgica ha asegurado asimismo que la independencia del Defensor viene dada por el hecho de que es elegido por mayoría cualificada de ambas cámaras parlamentarias y ha añadido que cuando como Defensor del Pueblo trata de defender los derechos de las personas, no piensa ni en la izquierda ni en la derecha, sino en las personas que tiene que defender.

En rueda de prensa, el Defensor ha agradecido a los socialistas sus criticas moderadas y ha señalado que le parece "perfectamente legítimo" que el PSOE presente recurso.

Por otra parte, Múgica ha explicado que de las 771 solicitudes que recibió para recurrir la ley, 99 correspondieron a colectivos y organizaciones y 672 a peticiones individuales.

En este sentido, el Defensor ha reiterado que de los dictámenes emitidos por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, catedráticos de Derecho Constitucional, y el equipo de asesores del departamento que dirige, se deduce que la ley es constitucional.

Múgica ha recordado que otro motivo para no recurrir la Ley de Extranjería es la tradición de la institución de no hacerlo cuando ya lo han hecho otras personas o instituciones que están legitimadas para hacerlo.

Asimismo, el Defensor ha recordado que el Constitucional ya se pronunció sobre algunos puntos de la anterior legislación en materia de inmigración, aprobada en 1985, en particular sobre los derechos de reunión y de asociación -que ahora son nuevamente objeto de controversia-, señalando, entonces, que el tratamiento dado a los inmigrantes irregulares era plenamente constitucional.

El debate sobre la constitucionalidad de la norma

El viernes 23 de marzo, fecha límite para presentar recurso contra la nueva Ley de Extranjería, Múgica hizo pública una decisión esperada mediante una nota remitida a los medios de comunicación: la Oficina del Defensor del Pueblo no iba a recurrir la norma.

En aquel comunicado, que coincidió con la presentación de recurso de ocho comunidades autónomas y del PSOE, Múgica concluía que de los dictámenes consultados –el del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley, el del Consejo General del Poder Judicial, así como los elaborados por cuatro catedráticos de Derecho Constitucional – podía deducirse “que la ley es constitucional”.

Al día siguiente, diversas voces hicieron patente los desencuentros que había originado la decisión del Defensor. Mientras el presidente del Gobierno, José María Aznar, realizó una encendida defensa personal y política del defensor de Múgica y calificó de 'lamentable' que se le criticase no presentar recurso contra la Ley de Extranjería, IU, CC OO y asociaciones de vecinos pidieron la dimisión del Defensor.

Dos días después, Izquierda Unida, el PNV y el Grupo Mixto del Congreso –a los que hoy mismo se ha unido el BNG- instaron a Múgica a que compareciese en el Parlamento para explicar las razones por las que decidió no recurrir la Ley de Extranjería ante el Constitucional, pese a las más de 700 peticiones que llegó a recibir procedentes de organizaciones sociales, humanitarias y políticas.

A principios de semana, el Defensor del Pueblo y el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, mantuvieron una conversación sobre la decisión del primero de no recurrir norma. Entonces, Caldera trasmitió a Múgica el malestar del Grupo Socialista por su actitud, aunque le aseguró mesura en sus críticas por el respeto del partido a la oficina que lidera. La dirección socialista decidió no promover la petición de comparecencia en el Parlamento de Múgica, aunque anunció que iba a apoyar las que en este sentido habían formulado IU, PNV y EA.