Cortina de humo

La iniciativa del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de exigir a las industrias tabaqueras una compensación por el gasto sanitario ocasionado por el tratamiento de enfermedades derivadas del consumo de tabaco ha provocado esta semana una reacción científica sumamente favorable y otra política sumamente desfavorable. Por una parte, el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, reunido en Sevilla en el primer Congreso sobre Prevención y Tratamiento del Tabaquismo, le ha dado su 'apoyo absoluto'. Por otra, ha sido descalificada por los partidos de la oposición. La presidenta del PP en Andalucía, Teófila Martínez, ha dicho de ella que es una 'cortina de humo para ocultar la inactividad y falta de capacidad' del Gobierno andaluz. Y el coordinador general de IU, Diego Valderas, la ha despachado como 'una propuesta electoral que, como el Guadiana, aparece y desaparece según el interés'.

Esta contradicción entre la valoración científica y política de una misma iniciativa no deja de resultar inquietante. Y más en un terreno como éste. La política tiene su autonomía y no tiene por qué someterse a dictados científicos en ningún terreno, ni siquiera en el de la salud. El Gobierno de supuestos técnicos o especialistas es una falacia, que no ha existido ni existirá nunca. Cuando se presenta alguno como tal, lo que se pretende con ello es enmascarar opciones políticas que no se atreven a presentarse como tales ante los ciudadanos y se disfrazan de opciones 'técnicas'.

Pero una cosa es someterse sin más a la opinión de los especialistas a la hora de hacer política y otra desconocer por completo su opinión al adoptar una iniciativa. Si la sociedad tiene un problema serio, como es el del coste sanitario generado por el consumo de tabaco, oir a los expertos a la hora de diseñar una política para hacerle frente parece bastante razonable. Y obtener el aval científico es señal de que se camina en buena dirección.

Otra cosa es que con el aval científico se ponga fin al debate político. Obviamente el Gobierno de la Junta de Andalucía no puede pretender que los partidos de la oposición secunden su iniciativa por haber sido apoyada por los expertos. Pero una iniciativa que ha recibido ese aval no debería ser descartada sin más como si careciera de cualquier tipo de consistencia.

Quiere decirse, pues, que la iniciativa merece ser estudiada de verdad, esto es, valorada tanto desde el punto de vista de la conveniencia y oportunidad de ponerla en práctica, como desde el punto de vista de la manera en que habría que hacerlo. ¿Debe adoptarse una iniciativa como ésta? Y en el caso de que así sea ¿cómo se debería poner en práctica para que prosperara?

Estos son los términos en los que debería situarse el debate político. ¿Es serio el problema del coste sanitario derivado del consumo del tabaco o no lo es ? ¿Debe el Gobierno responsable de la Administración sanitaria, en nuestro caso, la Junta de Andalucía, adoptar alguna iniciativa específica para enfrentarse al mismo o no debe hacerlo? En el caso de que se considerara que debe adoptarse alguna, ¿es razonable la iniciativa propuesta por el presidente Manuel Chaves o hay alguna otra que sería más oportuna?

Después de haber leído las declaraciones de Teófila Martínez y de Diego Valderas no sé si es que consideran que el coste sanitario de las enfermedades derivadas del consumo de tabaco no es un problema o si es que consideran que la iniciativa del presidente de la Junta de Andalucía es un disparate y ellos disponen de una mejor. Creo que lo menos que se les puede exigir es que lo aclaren.

La iniciativa de la Junta de Andalucía sitúa el problema en un terreno distinto del que lo habían situado los fumadores que habían demandado a las compañias tabaqueras. Frente a los consumidores individuales las compañías han opuesto, con éxito hasta la fecha ante los tribunales de justicia, que el consumo de tabaco es consecuencia de una decisión libre del fumador, que decide fumar a pesar de las advertencias que se le hacen sobre los perjuicios para su salud. Esto es algo que la iniciativa de la Junta de Andalucía no pone en cuestión.

El interrogante que la iniciativa de la Junta de Andalucía suscita y al que pretende dar respuesta es el siguiente: ¿quién debe soportar el coste sanitario originado por el consumo de tabaco? ¿Los ciudadanos no fumadores o las compañías tabaqueras?

La iniciativa de la Junta de Andalucía no discute que los ciudadanos tienen libertad para fumar y para no fumar y que, del ejercicio de su libertad personal, no se deriva ninguna acción contra las compañías tabaqueras. Lo que plantea es que esa relación entre los fumadores y las compañías tabaqueras tiene unos costes y que esos costes están siendo soportados por los ciudadanos que no fuman. Una vez que se conocen cuáles son esos costes y que están razonablemente cuantificados, ¿deben continuar siendo soportados esos costes por los ciudadanos que no fuman o deben ser repercutidos sobre quienes los originan?

Es claro que en este momento los fumadores, mediante el pago del impuesto con el que está gravado el consumo del tabaco que satisfacen ellos íntegramente, contribuyen parcialmente al gasto sanitario que su consumo origina. Pero ¿contribuyen en la misma medida las compañías tabaqueras?

Obviamente no. Las compañías tabaqueras pagan impuestos como los puede pagar una compañía que produce galletas o frigoríficos. Pero el consumo de galletas o frigoríficos no genera ningún gasto sanitario y el de tabaco sí. Esta es la diferencia. Los beneficios de las compañías tabaqueras se ven incrementados como consecuencia de que todos los demás, ciudadanos no fumadores y compañías no tabaqueras, cargan con los costes sanitarios que el consumo de tabaco genera. Es su actividad económica la que origina el coste y los demás lo soportamos. ¿Por qué?

Este es el núcleo de la cuestión desde una perspectiva política y jurídica y no la libertad de cada fumador individual. Y no es ninguna cortina de humo.