El PSOE advierte a Múgica de que su función queda 'en entredicho' por negarse a recurrir

Los partidos de la izquierda parlamentaria, los sindicatos y las organizaciones sociales que defienden a los inmigrantes coincidieron ayer en una severísima crítica al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, por su 'insensibilidad' ante las 769 peticiones para que recurriera la Ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional.

El reproche más duro provino del que ha sido, hasta su último nombramiento, su partido político: la dirección del PSOE aseguró que su función como Defensor queda 'en entredicho'. Los socialistas consideraban imprescindible el recurso de Múgica y horas antes de que terminara el plazo su portavoz parlamentario, Jesús Caldera, acompañado por la responsable de Inmigración, Consuelo Rumí, y el portavoz constitucional del grupo parlamentario, Diego López Garrido, le pidieron que 'reflexione', ya que nunca antes 'tantas organizaciones, más de 700, se habían dirigido al Defensor para que recurriera una ley'.

'Con respeto a su independencia, le pido que reflexione ya que, si no recurre, su función de Defensor del Pueblo quedará en entredicho', aseguró Caldera. López Garrido añadió que Múgica 'tiene la obligación de cumplir esa potestad, que es una obligación que tiene que ejercer y no simplemente un derecho'. López Garrido dijo incluso que la decisión de Múgica 'puede considerarse xenófoba y excluyente' por haber decidido que los inmigrantes no forman parte del pueblo. 'Al no defenderlos, al creer que no merecen ser defendidos, coincide con las tesis del Gobierno'.

La diputada Rumí anunció, después de que se confirmara el rechazo de Múgica a recurrir, que el PSOE pedirá su comparecencia en el Congreso para pedirle explicaciones, 'sobre todo, sobre su apreciación de que la ley es constitucional, porque no es la función del Defensor decidir sobre la constitucionalidad de una ley sino presentar recurso ante las posibles dudas de constitucionalidad que le han presentado multitud de organizaciones'.

Izquierda Unida también anunció que solicitará que Múgica dé explicaciones en sede parlamentaria porque, por su cargo, 'no puede dar instrucciones jurídicas y pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de una norma'. El portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, aseguró que 'la posición de Múgica desprestigia la institución'. Ha hecho, dijo, 'una defensa objetiva del Gobierno en lugar de una defensa de los ciudadanos'. Joan Saura, diputado de IC, pidió incluso la 'dimisión' de Múgica.

UGT y CC OO se sumaron, acompañadas por las asociaciones de defensa de los derechos humanos, a la reprobación de los partidos de izquierda al defensor. Unos y otros calificaron su decisión de 'reaccionaria', 'increíble', 'impropia de un Defensor del Pueblo'. Estas organizaciones expresaban así su 'decepción' porque no tenían otra vía de recurso que el Defensor y esperaban que Múgica 'sirviera de vehículo' a sus reclamaciones.

La ley ya está recurrida por el Grupo Socialista y por las seis comunidades autónomas presididas por el PSOE, así como por el Gobierno vasco. El Parlamento de Navarra también presentó su recurso después de que esa cámara autonómica lo aprobara en la misma mañana de ayer.

Cuatro artículos

El recurso socialista considera que la Ley de Extranjería vulnera cuatro artículos de la Constitución: el 21, que reconoce los derechos de reunión y manifestación; el 22, que alude al derecho de asociación; el 28, al de la libre sindicación y huelga, y el 24, que asienta el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el artículo 119, que consagra el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Los seis fundamentos jurídicos del recurso, acompañados de jurisprudencia constitucional, mantienen que no es posible eliminar el ejercicio de esos derechos para una categoría completa de extranjeros, que son aquellos que se encuentran en España y carecen de autorización de estancia o residencia. En una segunda parte se analizan los derechos de los extranjeros a la luz de los tratados internacionales sobre la materia, y especialmente del Conveno Europeo de Derechos Civiles y Políticos.

Tanto Rumí como Caldera expresaron su 'deseo' de que el Constitucional actúe con celeridad. En todo caso y desde la iniciativa política, el PSOE quiere continuar su defensa del reconocimiento de tales derechos.

Por eso presentó ayer dos proposiciones de ley que modificarían la Ley de Extranjería para que se reconozcan los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga de los inmigrantes irregulares.