Múgica desoye las 769 peticiones para recurrir la Ley de Extranjería

En su comunicado, Enrique Múgica, ex ministro de Justicia socialista, afirma haber realizado 'un detenido estudio' de las 'más de 700' peticiones de recurso que le dirigieron sindicatos, partidos políticos, ONG, asociaciones de inmigrantes, de vecinos, de jueces y de fiscales. Este número de solicitantes es inusualmente alto. Joaquín Ruiz-Giménez, uno de sus antecesores, recurrió la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros, de 1985, atendiendo a la petición de un grupo de colectivos entre los que figuraba la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), y Fernando Álvarez de Miranda hizo lo mismo con la Ley de Asilo, de 1994, a solicitud sólo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y de la APDH. Ambas organizaciones son sólo dos de las 769 que a mediodía de ayer habían entregado su petición a Múgica.

El Defensor afirma en su nota de prensa que 'ha estudiado los dictámenes del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley, el del Consejo General del Poder Judicial, así como los elaborados por cuatro catedráticos de Derecho Constitucional (...), aparte, por supuesto, de los asesoramientos de los servicios correspondientes de esta institución (...). Pues bien:', concluye, 'de todos ellos se deduce que la ley es constitucional'.

Ni en el dictamen del Consejo de Estado ni en el del Consejo General del Poder Judicial figura una afirmación tan contundente. En cuanto a los catedráticos consultados, la Oficina del Defensor se ha negado a revelar sus nombres. Y respecto a los servicios de la institución, se desconoce el contenido exacto de sus conclusiones.

Múgica añade: 'El Defensor del Pueblo ha decidido seguir el criterio de sus antecesores, según el cual esta institución no ejerce la legitimación que constitucionalmente tiene concedida cuando ya lo han hecho otras personas o instituciones que, invocando su legitimación, presentan recursos de inconstitucionalidad'.

Hay algún precedente en el que el Defensor del Pueblo, al contrario de lo que señala Múgica, recurrió ante el Constitucional pese a que había grupos parlamentarios que lo habían hecho. Ejemplo: en 1983, el presidente de la Comunidad de Madrid aprobó la Ley del recargo del 3%. El Tribunal recibió dos recursos: uno firmado por 54 diputados de Coalición Popular, y otro por Joaquín Ruiz-Giménez, entonces Defensor del Pueblo.

El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, subrayó la 'muy sólida fundamentación' de la decisión de Múgica y afirmó que con ella 'se puede tener una idea más clara acerca de la viabilidad de un hipotético recurso de inconstitucionalidad'.