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La propuesta sindical para las pensiones

CC OO considera posible apostar por un sistema público de pensiones en 2050 con casi el doble de pensiones (13,7 frente a 7,6 millones) y una elevación muy importante de la actual cuantía media en términos reales (200.000 frente a 80.000, ambas en pesetas de 2000), siempre y cuando la sociedad española consiga un crecimiento medio de la economía del +2,5%. Herce y Jimeno concluyen que con la propuesta sindical 'la renta relativa de los futuros pensionistas disminuye y la desigualdad de la renta aumenta' (EL PAÍS, 26 de febrero), al caer dentro de cincuenta años la relación entre la cuantía media de las pensiones y el salario medio desde el 31% actual al 16,5%.

Causa satisfacción comprobar la positiva evolución del debate sobre el futuro de las pensiones, al transitar desde una presunta quiebra del sistema de reparto a disquisiciones sobre la mayor o menor bondad de alcanzar dentro de medio siglo una pensión media de 200.000 pesetas del presente año. Una situación que implica la percepción de la cuantía máxima (303.960 pesetas de 2000) por un porcentaje muy importante de pensionistas. Con el planteamiento sindical, el fuerte crecimiento en términos reales de la cuantía media (2,48 veces, y no 2,24 como se dice en el artículo) está acompañado de un aspecto muy importante: la garantía de una gran cobertura de la población objeto de protección (+1,81 veces el número actual). Como resultado, el gasto total en pensiones en 2050 aumentaría más que la riqueza total (+4,4 veces frente a 3,5 del PIB).

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La relación entre salario medio y pensión media del sistema tiene una utilidad discutible, al medirse el primero en un momento dado, mientras la segunda es reflejo de carreras profesionales completas, algunas de las cuales finalizaron hace muchos años. Además, siendo cierta la disminución de este parámetro, lo es bastante menos de lo mencionado (del 31% al 22%). Pero más importante para la mayoría, la tasa de reposición (pensión inicial del beneficiario respecto a su último salario) tendrá una caída significativamente inferior para una buena parte de los trabajadores, al ejercer de contrapeso la existencia de una pensión máxima que permite reequilibrar los retornos entre el total de pensionistas.

El fuerte crecimiento del gasto total en pensiones, de las cuantías medias y de su número garantizado por el sistema de reparto compensan con creces ese empobrecimiento relativo (la mitad de las prestaciones cobrarían la cuantía máxima), concentrado sobre todo en las rentas más elevadas. Pero, siendo importante este hecho, lo más destacable es el grado de cohesión personal y territorial inherente al sistema de reparto. Una seguridad cierta para más trabajadores, asociada a su funcionamiento colectivo, frente a la incertidumbre individual de los sistemas de capitalización creada por posibles situaciones prolongadas de desempleo.

Tampoco hay que olvidar la aportación positiva al crecimiento económico e incluso al mantenimiento de la tasa de ahorro agregada, demostrada por el sistema de reparto. Ventajas nada despreciables, a las que añadir la garantía de los beneficiarios de percibir una renta vitalicia y su protección frente a la inflación, cualidades no extensibles a los sistemas de capitalización. Modelos tampoco libres de riesgo ante el envejecimiento de la población o de un resultado negativo de sus inversiones. Dado que la rentabilidad de los activos a largo plazo está limitada por el crecimiento del PIB, la única opción para mejorar las prestaciones respecto a un sistema de reparto es invertir en países emergentes, con PIB potenciales más elevados, pero a la vez con superior prima de riesgo (riesgo-país).

La propuesta sindical está basada en el esfuerzo colectivo para asegurar crecimientos de riqueza suficientes (+2,5%), demostrados por la realidad como factibles. En este sentido, CC OO es consciente de la necesidad imperiosa de implementar medidas para evitar una pérdida de población, procurando aumentos en la tasa de natalidad y desarrollando políticas de inmigración adecuadas. Sin embargo, ante este problema clave, las respuestas escuchadas hasta la fecha son insatisfactorias. Unas por confundir los efectos con las causas, limitándose a pedir recortes de las pensiones públicas y la sustitución, en mayor o menor proporción, del sistema de reparto por otro de capitalización. Otras, las del Gobierno, vacías de contenido. No es asumible mantener prestaciones familiares miserables, servicios de guardería insuficientes y barreras de acceso a la vivienda insalvables para los jóvenes parapetándose en la falta de recursos públicos. Tampoco ayuda a solucionar el problema la elevada precariedad o la imposición de un contrato a tiempo parcial que imposibilita conjugar la vida familiar y laboral. La posición del Gobierno, concentrada en publicitar rebajas desequilibradas del IRPF y equilibrio presupuestario con una presión fiscal inferior en siete puntos del PIB a la media de la Unión Europea, compromete seriamente el desarrollo futuro de la sociedad española.

La propuesta sindical es consciente de la necesidad de adecuar progresivamente la tasa de reposición para lograr los objetivos marcados. Así, dado que las últimas medidas se habían adoptado en 1985 y había pasado el suficiente tiempo para acumular un crecimiento real de los salarios, se asumieron en 1996 modificaciones en la fórmula de cálculo de la pensión para controlar el crecimiento de la pendiente de gasto (ampliación del periodo de cálculo y ajuste en el porcentaje de pensión por año cotizado). Dentro de un tiempo se deberá volver a estudiar la situación. Pero ahora no hay necesidad de adoptar inmediatamente más medidas en este sentido: alguna de las anteriores, todavía no se ha completado (el paso de ocho a 15 años en el periodo de cálculo finaliza en 2003), el gasto en pensiones sobre el PIB es reducido (8,34%), la pensión media es de 80.000 pesetas y las nuevas pensiones de jubilación del régimen general incorporadas durante el año 2000 son, en media, de 136.000 pesetas. Menos todavía se justifica aumentar el cálculo a toda la vida laboral. Más bien al contrario, la prioridad está marcada por la elevación de algunas prestaciones especialmente bajas y la adopción de medidas efectivas para evitar la pérdida de población.

La propuesta sindical apuesta por una posición hegemónica del sistema de reparto como principal suministrador de una renta digna y suficiente a las personas que finalizan su vida laboral, pero está acompañada de la aceptación de fondos complementarios privados de capitalización de suscripción voluntaria por todas las personas que lo consideren oportuno para complementar sus ingresos. El sistema de reparto será viable en el futuro bajo las condiciones expresadas, pero no se pretende engañar a nadie; en ningún caso podrá pagar prestaciones superiores al equivalente en cada momento de la cuantía máxima actual medida en pesetas constantes.

José Luis Sánchez García y Miguel Ángel García Díaz son secretario de Política Institucional y economista del Gabinete Técnico de la CS de CC OO, respectivamente.

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