Los sindicatos rechazan la ampliación del periodo de cálculo de pensiones

El cálculo de las pensiones se hace ahora sobre las cotizaciones de 13 años y aumentará progresivamente hasta 15 años en 2003. El cambio sugerido por el Gobierno consiste en elevar ese periodo hasta 35 años, toda la vida laboral, lo que según cálculos de CC OO supone un recorte del 25% en la expectativa de pensión. Para las dos centrales, esa modificación por sí sola sería causa suficiente para el fracaso de la mesa, tras el que se ha producido con la reforma laboral impuesta por el Ejecutivo.

Una hipótesis que baraja el Gobierno es aparcar ese cambio de las pensiones para un momento de menor crispación con las centrales, pero al tiempo quiere incluir en los documentos el compromiso de proceder al aumento del periodo de cálculo cuando concluya la extensión hasta 15 años.

También Trabajo ha de concretar si admite la principal petición sindical, consistente en que se amplíe el derecho a la jubilación anticipada a los 60 años, que está limitado a quienes empezaron a cotizar antes de 1967. La administración se niega a extender ese derecho a todos los trabajadores y tan sólo contempla la posibilidad de reconocer el retiro anticipado a los parados con especial dificultad para reintegrarse en el mercado laboral, en cuyo caso estudia mejorar los coeficientes penalizadores.

Si hay un acercamiento de posturas en esos dos temas, la negociación permitirá avanzar en otros ya muy debatidos, como la separación de fuentes de financiación, la constitución del fondo de reserva con una mensualidad de pensiones (650.000 millones de pesetas), la mejora de las prestaciones más bajas de jubilación y viudedad, y que el Estado, en un plazo de en torno a ocho años, asuma el pago del complemento de mínimos.

Sobre la negociación colectiva, la tercera reforma propuesta por el Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, afirmó ayer que es 'necesario' modernizar el sistema de convenios, aunque, abogó por que los agentes sociales lleguen a un acuerdo. En el Foro 2000 organizado por el PP, Aparicio aseguró que empresarios y sindicatos tienen 'una buena oportunidad para ese debate y para desarrollar el compromiso pendiente desde 1997'.

En ese mismo foro, el secretario general del PP, Javier Arenas, analizó las discrepancias surgidas en el diálogo social y lanzó una petición: 'Reclamo autocrítica a las organizaciones empresariales y sindicales para saber si han acertado o no', en el desenlace de su negociación. Junto a ello aseguró que la reforma laboral aplicada por el Ejecutivo 'está cargada de sentido común y supone una clarísima continuidad' de la pactada por él con los agentes sociales en 1997, cuando era ministro de Trabajo.

Arenas sigue haciendo una apuesta en favor de la cultura de negociación, que hace extensiva a su partido y al Gobierno, porque cree que 'sería un profundo error por parte de todos no dar continuidad al diálogo social'.