La Cámara de Cuentas cuestiona la gestión de las subvenciones y la eficacia de los cursos de formación

El informe corresponde a la fiscalización que la Cámara de Cuentas ha realizado sobre las subvenciones para cursos de formación profesional que la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta otorgó en 1997 a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) por valor de 1.500 millones de pesetas; a la UGT, por 1.565 millones, y a Comisiones Obreras, por 1.446 millones.

La Cámara destaca que 'determinados aspectos poco pormenorizados de las estipulaciones de los convenios de colaboración suscritos entre la consejería y cada uno de los tres beneficiarios, permiten el incumplimiento por parte de los perceptores de las subvenciones de algunos preceptos y procedimientos que garanticen la ejecución eficaz y eficiente de los recursos públicos empleados'.

Así, destaca que no se han observado módulos de cálculo de las subvenciones ortogadas; que las recibidas por la CEA son similares a las de UGT y Comisiones pese a dar un menor número de cursos (la diferencia aplicando módulos fue de 859 millones de pesetas); y que el precio medio de la hora de curso impartido por la CEA duplica al de los sindicatos, mientras que el coste medio por alumno lo triplica, debido esto a la mayor duración de los cursos dados por la patronal.

La Cámara revela que, por término medio, el 28% de los cursos se imparte por menos horas de las que establecen los estándares, destacando el caso de UGT donde esta deficiencia se observa en el 48% de los cursos.

Una última consideración del informe común a los tres beneficiarios es que en 1997 ninguno de los centros empleados cumplía en su totalidad con los requisitos de homologación, e igualmente en el caso de muchos cursos. No obstante, la Cámara resalta que esa situación se regularizó tres años después, en julio de 2000, con una orden de la Consejería de Empleo que validó con carácter temporal a los centros de los sindicatos y la CEA firmantes del Pacto por el Empleo.

En el caso de la CEA, ni sus centros propios ni el de su Fundación ni 88 de las especialidades impartidas estaban homologadas. En UGT, su agente externo IFES, no tenía centros homologados en Córdoba, y la UGT de Andalucía tampoco contaba en el registro oficial con ningún centro acreditado. Además, sólo el 18% de las especialidades impartidas por el sindicato estaba homologado. Respecto a Comisiones, sólo el 1% de las especialidades estaba homologado y su agente externo el Forem encargado de ejecutar las subvenciones tampoco estaba censado.

Respecto a UGT, la Cámara propone la devolución de 1,2 millones de pesetas correspondientes a justificantes de 'actuaciones propias de un sindicato'. Además critica la falta de concreción de los alumnos incluidos en las pólizas de seguro suscritas y propone la devolución de 8,3 millones relativos a la prima por baja siniestralidad.

En el caso de Comisiones, la Cámara recomienda al sindicato que compren equipos informáticos y justifiquen su amortización en lugar de incluir como gasto el alquiler de los equipos. Al igual que con UGT, critica la póliza de seguro suscrita por faltar la identificación de los alumnos y por que su precio medio por alumno es 'muy superior' al de otras pólizas similares suscritas por el sindicato.

A la CEA y a su agente externo (que ejecutó acciones por valor de 949,2 millones), le critica que no busque ofertas más óptimas en costes y calidad.

Por último, el informe recomienda a la Junta que establezca medidas tendentes a mejorar el control de las subvenciones tales como crear un fichero de alumnos para evitar duplicidades; otro de justificantes para evitar duplicidad de facturas en subvenciones distintas y una modificación normativa para someter al control a los terceros que se subcontraten y ejecuten finalmente las subvenciones.