Defensa necesita 2.000 inmigrantes al año para paliar el déficit de tropa

El ministro Federico Trillo-Figueroa anunció la pasada semana que está estudiando 'muy seriamente' reclutar inmigrantres como soldados profesionales.

En concreto, el Ministerio de Defensa planea fijar un cupo de plazas para extranjeros en las Fuerzas Armadas, que llegaría como máximo a las 2.000 anuales, 'para paliar el déficit de reclutamiento de nacionales', según los estudios realizados por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

El informe considera que la contratación de extranjeros no sólo permitiría 'atenuar el déficit de aspirantes' a la tropa profesional y realizar una 'mejor selección de los candidatos', sino también 'mostrar a las Fuerzas Armadas como una institución que realiza una integración social y profesional' de los inmigrantes.

No obstante, el estudio advierte de que esta medida conlleva algunos riesgos. El primero es que se interprete como una prueba del fracaso del proceso de profesionalización del Ejército y retraiga a los ya escasos candidatos españoles. Otro peligro, no menos serio, es la 'posible aparición de reacciones xenófobas por parte de algún colectivo dentro o fuera de las Fuerzas Armadas'.

El estudio aboga por establecer drásticas limitaciones al reclutamiento de extranjeros. En concreto, el acceso a los ejércitos quedaría reservado a 'ciudadanos de países hispanoamericanos', con quienes se presume que, dada su identidad de 'lengua y religión' con los españoles, 'no debería haber problemas significativos de integración cultural'.

Residentes legales

Según datos del Ministerio del Interior, en diciembre de 1999 residían legalmente en España casi 8.000 dominicanos, peruanos y ecuatorianos de entre 19 y 24 años, potenciales aspirantes a ingresar en las Fuerzas Armadas. Esta cifra, con toda seguridad, se ha multiplicado tras la regularización de 140.000 inmigrantes durante el año pasado.

En todo caso, las convocatorias de plazas para extranjeros serían especiales y limitadas a determinadas unidades 'con personalidad propia, capaces de inculcar a sus componentes tradición y espíritu específicos'.

Así, se prevé el ingreso de extranjeros en la Legión, por el Ejército de Tierra; en la Infantería de Marina y en algunas especialidades, como hostelería y automoción, por la Armada; y en las agrupaciones de varias bases aéreas, como las de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Zaragoza, por el Ejército del Aire.

El informe recela de la posibilidad de que los inmigrantes lleguen a ser mayoría en esas unidades, por lo que limita su presencia a un 30% como máximo de los efectivos de tropa de la Legión o a un 10% de la dotación de marinería de los buques.

A los extranjeros, que deberían tener permiso de residencia temporal o permanente en España, se les sometería a una prueba cultural adicional e incluso, según el informe, 'podría considerarse la posibilidad de unas pruebas físicas más selectivas'.

El certificado de buena conducta ciudadana se sustituiría, en el caso de los inmigrantes, por un documento de Interior, acreditativo de la falta de antecedentes policiales, a través del Cesid.

Los extranjeros que superasen estas pruebas firmarían un compromiso inicial con el Ejército de tres años, sólo prorrogable por otros tres, si no lograsen la nacionalidad española.

Según el estudio, los inmigrantes sólo podrían acceder al empleo de soldado o marinero, sin posibilidad de ascenso. En vez de la tradicional jura de bandera, está previsto establecer para ellos una 'fórmula específica de jura o promesa de fidelidad'.

Además, deberían aceptar las normas y obligaciones de la unidad en la que se integren, incluida su posible participación en operaciones fuera de España, algo habitual en la Legión.

La cautela con la que se contempla el proceso queda en evidencia con la recomendación de que el primer año se convoquen un máximo de 1.000 plazas, aunque las necesidades sean el doble.

El principal incentivo para que los extranjeros se hagan soldados es el acceso a la nacionalidad española. El estudio prevé la posibilidad de que el 'informe favorable' del Ejército correspondiente tenga carácter 'vinculante' para lograrla y que, una vez alcanzada ésta, se reconozca el tiempo de servicios prestados.

La concesión de la nacionalidad española, regulada por el Código Civil, corresponde al Ministerio de Justicia. Para obtenerla por razón de residencia se requieren diez años de permanencia en España, que pueden reducirse a dos para los iberoamericanos.

Según una respuesta al diputado socialista Alberto Moragues, las Fuerzas Armadas contaban el pasado 1 de enero con 76.126 soldados y marineros profesionales (68.954 si se excluyen los 7.172 que estaban todavía en periodo de formación), frente a los 85.000 previstos. Aunque durante el año pasado ingresaron más de 20.000 nuevos soldados, casi 10.000 se dieron de baja, lo que representa el 15% de los que había en enero de 2000.

El reclutamiento de inmigrantes es una de las medidas que prepara Defensa para intentar suplir el déficit de aspirantes a la tropa profesional, junto con el envío de cartas a los 90.000 españoles de entre 17 y 27 años que residen en el extranjero, el incremento de las retribuciones de los soldados o la mejora de sus condiciones de vida en los cuarteles.