La nueva Ley Universitaria fija un examen de aptitud para todos los profesores

El importante vuelco en los órganos de gobierno de las universidades y en la selección del profesorado que incluye el proyecto que está elaborando el Gobierno supondrá, según las fuentes consultadas, la creación de una nueva ley orgánica que pasará a eliminar completamente la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1983.

Este modelo es, por tanto, distinto al escogido por el Ministerio de Educación para poner en marcha la otra gran reforma educativa anunciada para esta legislatura, la de la educación no universitaria. La nueva Ley de Calidad modificará las tres leyes no universitarias -la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE), la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y la Ley Orgánica de la Participación, la Evalucación y el Gobierno de los centros (LOPEG)-, pero sólo en algunos aspectos, por lo que lo previsto es que permanezcan todas vigentes.

Un equipo de profesores universitarios de distintos centros de España está participando en la elaboración de la nueva normativa universitaria, coordinado por el secretario de Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias, según las mismas fuentes. Por parte del ministerio, están colaborando en la redacción del documento el director general de Universidades, Ismael Crespo; el subdirector general, Enrique Fernández del Pino, y el secretario general del Consejo de Universidades, Vicente Ortega. El ministerio señaló ayer a este periódico que está 'en conversaciones con la comunidad educativa y que aún es prematuro definir los extremos de la ley'.

Educación está manteniendo reuniones con distintos colectivos desde hace unas semanas, como los sindicatos y los rectores, para contrastar opiniones sobre los contenidos de la futura Ley Universitaria. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, tiene previsto exponer las líneas principales de la nueva ley en el próximo pleno del Consejo de Universidades, que se celebrará el 19 de abril.

El borrador estará listo en mayo y el compromiso de Pilar del Castillo es presentar el texto al Congreso de los Diputados para su debate antes del verano. La idea del ministerio es que la reforma esté aprobada en los primeros meses de 2002 y entre en vigor en el curso 2002-2003. Éstas son las principales modificaciones previstas:

- Elección del rector. El rector será elegido en la universidad por sufragio universal ponderado. Votará toda la comunidad universitaria: profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios. Actualmente, el rector es escogido por el claustro de cada universidad, en el que participan representantes de esos tres colectivos. En la nueva ley, la ponderación de los votos se haría, según estudia el Gobierno, en una proporción similar a la que existe ahora en el claustro. En la actualidad, la LRU establece que al menos el 60% de la representación debe corresponder al profesorado. De acuerdo con esto, cada universidad establece en sus estatutos el porcentaje exacto que se otorga a profesores, alumnos y personal adminitrativo y de servicios. Pero, por término medio, el peso de los alumnos supone entre el 20% y el 30%, y el del personal no docente, entre el 5% y el 10%.

El sufragio universal provocaría la convocatoria de campañas electorales en las universidades cada vez que se elija rector (ahora, cada cuatro años). Este sistema presidencialista es visto con buenos ojos por los opinan que rompería con los pactos corporativos de los rectores con los claustros. Pero el lado negativo, según los expertos, es que podría introducir una sesgo autoritario en la gestión del rector, una figura que se vería tremendamente politizada y, al ser elegido por todos, tendría más control sobre la universidad.

- Selección del profesorado. La prueba estatal de habilitación representa la vuelta a un sistema parecido al que existía en los años setenta para la elección de los profesores adjuntos. Según los planes del Gobierno, para acceder a una plaza de funcionario en una universidad española habrá que superar una prueba que otorgará una habilitación a los que quieran ser titulares de universidad y otra a los que pretendan convertirse en catedráticos.

Según las fuentes consultadas, el sistema funcionaría del siguiente modo: cada universidad comunicaría cada año al Gobierno el número de plazas que necesita de profesores titulares y de catedráticos para cada área de conocimiento. Se convocarían las pruebas estatales por áreas de conocimiento, presumiblemente orales, en las que se valoraría además el currículo y los méritos de cada candidato. La evaluación sería realizada por un tribunal, cuyos miembros aún no se ha determinado de dónde procederían. Se habilitaría a un número concreto de profesores igual a la suma de plazas solicitada ese año por todas las universidades públicas. Y, finalmente, cada universidad elegiría para las plazas vacantes comunicadas al Estado a los habilitados que considerara más adecuados.

Actualmente, el profesorado se elige en la universidad en la que existe una plaza vacante, donde se le somete a una prueba juzgada por un tribunal en el que tres de los miembros son elegidos por sorteo entre los docentes de toda España del área de conocimiento de la plaza y otros dos son propuestos por el centro. En opinión de numerosos expertos, este sistema ha favorecido la endogamia en la universidad.

El Gobierno estudia además crear la figura de profesor contratado no funcionario.