PP y PSOE se acusan de promover a políticos para cargos institucionales

Los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador de las Administraciones públicas, debían haber sido renovados por los partidos mayoritarios en el Parlamento el pasado mes de diciembre (requieren el respaldo de tres quintos de la Cámara). Las conversaciones entre PP y PSOE se iniciaron y se bloquearon más tarde para incluir en esas negociaciones la posibilidad de pactar otros cargos institucionales que debían ser revisados, tanto en el Consejo de Seguridad Nuclear como los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Incluso se barajó la hipótesis de incluir en esos contactos la parte más sustancial del pacto para la reforma de la Justicia.

En una de las últimas reuniones celebradas entre Luis de Grandes y Jesús Caldera para impulsar las renovaciones de cargos institucionales se puso sobre la mesa una baraja de nombres por cada una de las partes. Entonces trascendió, desde las filas populares, su rechazo a algunos de los cinco candidatos propuestos por el PSOE por su 'alto perfil político'. Desde la dirección del PP se trasladó la disposición a no vetar ningún nombre, pero si a cambio los socialistas rebajaban algo ese peso. Incluso se dio a entender que alguna de las ofertas de la nueva dirección del PSOE eran comprensibles para retirar de la primera escena política a pesos pesados de la anterior ejecutiva.

Aunque nunca llegaron a darse a conocer oficialmente los nombres de todos los candidatos, sí se supo que el PSOE quería ubicar en el Tribunal de Cuentas al ex ministro de Trabajo y ex portavoz parlamentario al final de la anterior legislatura Luis Martínez Noval; también al ex secretario general del partido en Castilla y León, Jaime González, próximo a José Luis Rodríguez Zapatero; o al senador catalán Lluis Armet, ex responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Barcelona. El PSOE pretendía también la continuidad en el puesto como vocal de ese tribunal de Ciriaco de Vicente, histórico parlamentario de Castilla-La Mancha.

El PSOE, durante varias semanas, no ofreció ninguna respuesta pública a esas demandas del PP. Tampoco filtró ninguno de los nombres que el PP le había adelantado en sus contactos privados.

Los interlocutores socialistas dicen que se han hartado de escuchar versiones interesadas del PP. Caldera acudirá esta semana a la reunión que le ha propuesto De Grandes para dar carpetazo al asunto, pero con una respuesta tajante: El PSOE no reducirá el perfil político de sus candidatos porque los considera buenos y bien preparados y porque entiende que debe ser el Parlamento el que los examine.

PP y PSOE introdujeron a comienzos de esta legislatura la prueba de la comparecencia previa de los candidatos en una novedosa comisión de nombramientos del Congreso para una serie de designaciones de cargos de órganos de extracción parlamentaria. El Tribunal de Cuentas es uno de ellos.

Rato y Álvarez de Miranda

El PSOE no entiende cómo el PP puede pedirle que baje el tono político de sus candidatos al Tribunal de Cuentas cuando los populares pretenden que entre los seis suyos figuren el actual presidente, Ubaldo Nieto (y que continúe tras 18 años como presidente pese a que los socialistas lo tachan de muy conservador), o proponen a Antonio de la Rosa Alemany (concuñado de Rodrigo Rato) y a Ramón Álvarez de Miranda (hijo de Fernando Álvarez de Miranda, ex Defensor del Pueblo). El PP también ha planteado para esos cargos a los catedráticos Juan Verlarde y Rafael Corona, a los que el PSOE no pone ningún tipo de reparos y valora incluso su trayectoria.