El Consejo General del Poder Judicial aprueba la firma electrónica diseñada en el plan Adriano

A principios de este mes, la Consejería de Justicia recibió un verdadero espaldarazo para el sistema de informatización integral para la gestión procesal, conocido como plan Adriano. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió darle la más alta nota otorgada hasta el momento al citado sistema andaluz, que es el primero que consigue el aprobado en su nivel de adecuación a los niveles I y II marcados por el CGPJ de toda España. Además, el más alto órgano del Poder Judicial también dio luz verde a los sistemas de firma electrónica y encriptación.

La Consejería de Justicia no oculta el orgullo por una decisión que sitúa al sistema andaluz bastante por delante de sus similares en Cataluña, País Vasco, Galicia o el del propio Ministerio de Justicia.

El plan Adriano nació en 1998 como una herramienta para lograr la modernización y la homogeneización de los varios centenares de órganos judiciales diseminados por la geografía andaluza. Sus comienzos no fueron fáciles. La llegada de ordenadores en sustitución de la lenta, pero fiable y conocida pretecnología de las máquinas de escribir originó muchas quejas. Sin embargo, el sistema está ya presente en más de 600 unidades de trabajo y, según asegura la responsable de Relaciones con la Administración de Justicia, Rosa Bendala, sólo le queda por llegar y funcionar en un 7% de los lugares previstos.

Las ejecutivos autonómicos deben de diseñar y optimizar sus sistemas, pero siempre desde el principio de la compatibilidad con los demás, empezando, por supuesto, con los diseñados por el Ministerio de Justicia. Precisamente éste es el punto que ha dado el mayor alegrón a la Junta.

Los técnicos de la Comisión de Informática del CGPJ escudriñaron los intestinos del sistema andaluz y los contrastaron con sus exigencias. El resultado es que Adriano pasa con nota alta el examen y se ha convertido en el primer sistema de información para la gestión procesal de la administración de Justicia que logra los niveles I y II de compatibilidad exigidos por el CGPJ. Andalucía sobrepasa así a proyectos salidos de regiones que, a priori, podrían parecer más cercanas a los distintos avances tecnológicos como Cataluña o el País Vasco, que sólo han aprobado el primer nivel. También es, hasta el momento, más avanzado que su igual diseñado para Galicia.

Otro punto importante entre las conclusiones a las que llegaron los técnicos del CGPJ es la autorización a la firma electrónica y encriptación diseñados para al plan andaluz. El método usado ya en la actualidad por algunos jueces y secretarios judiciales y que, sin duda alguna en pocos años parecerá de la era de los grandes saurios, consta de una tarjeta personal que los usuarios introducen en un aparato anejo y conectado al ordenador, un satélite, similar aunque menor en tamaño a los usados por las tarjetas de crédito en algunos establecimientos, en el que introducen un número de identificación secreto y personal. Todo escrito hecho bajo está clave está seguro por el sistema de encriptación. Un juez pude escribir una sentencia en su ordenador libre del temor de que un usuario de Adriano se cuele en él y lo modifique o sólo lo lea.

Para el uso de la firma electrónica son necesarias algunas condiciones, según explican los expertos consultados. El CGPJ se erige como la autoridad de registro y dice quiénes están habilitados para el uso de ésta firma. La Junta, por su parte, es la autoridad de certificación, encargada de las tarjetas y de los códigos de seguridad. Hasta el momento sólo la usan algunos jueces y secretarios. Se quiere que pronto sean todos ellos y que también los procuradores se beneficien de los avances en la encriptación e inviolabilidad de los comunicados por vía electrónica para ejercer sus trabajo. En un futuro bastante próximo y si los sistemas de securización demuestran su robustez fuera de toda duda, hasta las notificaciones judiciales serán por vía electrónica

La autorización dada por el CGPJ se limita al uso dentro del red Adriano, ya que el paso a ampliarlo a todo el ámbito de la Justicia del Estado necesitará de muchas y complicadas pruebas de compatibilidad entre las distintas administraciones. Por el momento, en la Junta están satisfecho de que Adriano encabece la carrera. Entre bromas, algunos responsables de Justicia, quizá inspirados por el escudo de Andalucía, con un fortachón que superó una docena de pruebas inimaginables, están cavilando sobre la posibilidad de ponerle un nombre más contundente a la segunda fase del plan.