La economía en el banquillo

Las cifras arrojadas por los juzgados son uno de los mejores termómetros de la realidad social. Antes que los agoreros de la economía o que los entretenidos artículos de literatura sociológica, los tribunales, con la estadística de sus dictámenes, avisan de los procesos en marcha y del inicio de los cambios profetizados. Así, los números de los juzgados de lo social de la Comunidad Valenciana reflejan que más allá del triunfalismo de algunos las cosas del mercado laboral van revueltas. 'Nos preocupa', comentaba el otro día Fernando de Rosa, juez decano de Valencia, 'el aumento de pleitos relacionados con temas laborales'.

Según la memoria del decanato de los juzgados de Valencia del 2000, el año pasado aumentó en un 42,4% respecto a 1999 el número de casos en los juzgados de lo social. Un porcentaje que supuso un incremento de un 27,8% del trabajo de cada juzgado. Las reclamaciones por despido sumaron un 26,7%, un 34,9% las sanciones y un 13,4% las reclamaciones por cantidad.

En la antesala de los tribunales que deciden estas cuestiones las cosas no andan mejor. Hace unos días el colegio de graduados sociales de Valencia aseguraba que el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) está colapsado. Un servicio en el que trabajadores y empresarios intentan resolver sus diferencias antes de comparecer ante los tribunales. Tan colapsado que Manuel Chover, presidente de los graduados sociales, ha solicitado a la Generalitat que habilite nuevas salas para el SMAC.

Según José Lara, coordinador de los jueces de lo social de Valencia, las cifras hablan por sí solas: 'No hay duda que hay una mayor conflictividad laboral'. Según el juez, es significativo el número de casos relacionados con sanciones a los trabajadores, que 'suelen darse', comenta Lara, 'cuando el empresario intenta evitar el despido improcedente'.

El juez apunta que también 'se dan más reclamaciones por modificaciones de las condiciones laborales', una estrategia empresarial para conseguir que el trabajador abandone su puesto de trabajo sin necesidad de echarle. Lara señala que se nota también una 'mayor morosidad de las empresas, detectada a través del incremento de las reclamaciones de cantidad hechas por los trabajadores'. Y otro dato curioso: 'aumentan', asegura el juez, 'las reclamaciones de mujeres embarazadas despedidas, probablemente porque hoy conocen mejor cuáles son sus derechos'.

En la lista de aumentos destacan las peticiones de invalidez por depresión generadas en el lugar de trabajo y de personal adscrito a la administración por el cese de sus contratos temporales.

En la provincia de Castellón, con dos juzgados especializados en lo social, las cosas van por los mismos derroteros. Según datos facilitados por Adela Bardón, juez de lo social, durante el año pasado el juzgado que dirige registró 1.346 casos frente a los 898 de 1999. Hasta el pasado14 de marzo han entrado 253 casos en el juzgado de lo social, 70 más que el año pasado en ese plazo.

Sólo la provincia de Alicante parece alejarse de la sombra de los malos indicadores, pero sin conseguirlo. Antonio Heras, juez de lo social en aquella demarcación, comenta que 'el aumento de la conflictividad laboral es menor en Alicante, aunque en relación con los últimos tres años ha aumentado un poco'. Según Heras, 'hemos notado un ligero incremento de las reclamaciones por cese de contratos precarios'.

Así las cosas, el número de sentencias disuelve en la bruma los cantos de sirena sobre la marcha de la economía lanzados por la propaganda oficial o ¿tal vez anuncian la llegada de tiempos peores?