PSOE e IU piden para Madrid un consejo audiovisual independiente

El Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid no será un organismo independiente -como lo es el catalán-, sino que, en la práctica, estará adscrito a una consejería. El PP echará por tierra la mayoría de las enmiendas presendas por la oposición al proyecto de ley de contenidos audiovisuales y servicios adicionales, que serán debatidas hoy en la Comisión de Presidencia. Según la oposición, el PP impondrá su mayoría para sacar adelante un texto con 'escasas modificaciones' respecto al presentado por el consejero de Presidencia y Hacienda, Manuel Cobo.

Un aspecto que deberá aclarar el PP hace referencia a ceses y nombramientos de los consejeros. Los servicios jurídicos del Gobierno que preside Alberto Ruiz-Gallardón pusieron objeciones al proyecto de ley, ya que no especificaba 'dos cuestiones primordiales': el plazo de duración del mandato de los consejeros y el plazo en el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha de proceder a su nombramiento. 'Esto demuestra que el proyecto de ley es incompleto y está hecho con precipitación', dijo ayer la diputada regional del PSOE Alicia Acebes.

Los socialistas proponen que los miembros de la autoridad reguladora sean nombrados por seis años para que su mandato no coincida con los periodos electorales, mientras que IU es partidaria de que sean elegidos cada cuatro años. Esta formación propugna, además, que el sistema de designación sea similar al del Consejo de Administración de Telemadrid, es decir, por cuotas políticas. El PP se inclina por un sistema en el que la Asamblea designa a tres miembros y la consejería de turno a otros cuatro del total de 11. La presidencia estaría en manos de un miembro del Gobierno regional.

Modelo catalán

En su conjunto, los socialistas han presentado 15 enmiendas y una a la totalidad referida al Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid y la Comisión Técnica. IU ha remitido 62. En líneas generales, los socialistas abogaban por un Consejo Audiovisual similar al constituido en Cataluña. 'Una autoridad absolutamente independiente, con capacidad sancionadora, que vele por los derechos de las minorías, la infancia y la juventud y garantice una mínima calidad en la programación', explica Acebes.

Sin embargo, el consejo propuesto por el PP se perfila como un mero órgano asesor, que elabora informes a petición del Gobierno, sin competencias reguladoras o sancionadoras. Esta facultad recae sobre la Comisión Técnica, departamento adscrito a una consejería. Los partidos de oposición advierten de que ese consejo tiene poco que ver con el modelo catalán, creado hace un año como un ente público de carácter institicional, con personalidad jurídica propia, independiente de las administraciones públicas y con autonomía funcional y orgánica. El modelo madrileño es 'un órgano decorativo e inoperante si no se le dota de capacidad sancionadora para hacerse respetar', remacha Acebes.