Trabajo acepta la extinción de 796 contratos de los 1.818 que tiene Sintel

La Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo aprobó ayer la extinción de 796 contratos de los 1.818 empleados de Sintel. La empresa, en suspensión de pagos desde el pasado 9 de junio, solicitó el pasado 22 de diciembre la extinción de 1.201 contratos. Trabajo ha fundamentado su decisión en razones de carácter económico, organizativo y productivo. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pagará las siete nóminas pendientes, mientras que la plantilla ampliará sus movilizaciones. Trabajo considera que, en caso de no tomarse esta decisión, 'se aceleraría la quiebra de la empresa', actualmente en suspensión de pagos.

Según los datos aportados por Trabajo, Sintel, ex filial de Telefónica hasta 1996, cuando fue vendida en mayo de ese año al empresario cubano-estadounidense Jorge Mas Canosa, tiene deudas por más de 11.000 millones de pesetas y sus actuales cifras 'ponen en evidencia la falta de adecuación de esta empresa al mercado competitivo de las telecomunicaciones tras su conversión al sector privado'. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, señaló ayer que la situación económica de Sintel 'no permitía esperar' y que 'era necesario actuar'.

Los ingresos de Sintel, a 31 de octubre de 2000, alcanzaban los 11.968 millones de pesetas, mientras que los gastos de explotación se situaban en 20.400 millones de pesetas. De esta forma, la compañía arroja un resultado negativo de 8.500 millones de pesetas. En 2000, los ingresos por ventas alcanzaron su cota más baja, con 12.000 millones de pesetas, frente a los 50.000 millones anuales en el periodo 1990-1991.

La plantilla mantiene una acampada en el paseo de la Castellana de Madrid desde el pasado 29 de enero, mientras unas doscientas mujeres -entre trabajadoras de la empresa, esposas y familiares de los empleados- se hallan encerradas en la catedral de la Almudena en Madrid. Trabajo considera que esta caída de las ventas, unida a la 'dificultad para el cobro de clientes y los costes rígidos de estructura' ha obligado a Sintel a 'endeudarse a corto plazo', pasando de 18.931 millones de pesetas en 1999 a 23.377 millones de pesetas a 31 de octubre de 2000.

Fuentes de Trabajo recalcaron ayer que se ha tratado de preservar 'el mayor volumen posible de empleo viable', por lo que finalmente se ha optado por la extinción de 405 contratos menos de los que solicitaba la empresa.

La reacción del comité intercentros no se hizo esperar. Ayer, fuentes del comité dijeron que recurrirán el expediente y que continuarán con la acampada en Madrid. Solamente abandonarán esta postura cuando exista 'un proyecto empresarial'. Carlos Gila, hijo del que fuera diputado de UCD, es el titular de las acciones y se hallaba a la espera de la decisión de Trabajo para volver a negociar con los sindicatos.

Ayer, la dirección de la empresa emitió un comunicado en el que recuerda que la decisión de Trabajo evita la quiebra inmediata y obliga a un mayor esfuerzo negociador con los sindicatos, la Administración y Telefónica, dado que se precisan ayudas adicionales para su viabilidad.