El Tribunal de Cuentas canario ve indicios de delito en la gestión de los fondos de formación

El Tribunal de Cuentas de Canarias considera que en la concesión de fondos para formación y empleo por parte del Gobierno autónomo entre 1994 y 1997 existen claros indicios de 'responsabilidad penal, contable y administrativa' por parte de los responsables de la Consejería de Empleo que tramitaron y concedieron las subvenciones, y también por parte de los perceptores, al haber vulnerado 'la legalidad vigente'. Así lo expuso el jueves en el Parlamento canario el presidente del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma, Marcelino Rodríguez, quien resaltó el hecho de que la gestión de las ayudas que entrega el Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) 'ha dejado mucho que desear'.

Durante el periodo fiscalizado, el ICFEM concedió subvenciones por valor de 26.612 millones de pesetas para formación, fomento del empleo y economía social, cantidad que alcanza los 33.617 millones si se suman las concedidas en 1998.

A finales del año 1999, la Consejería de Empleo reconocía la existencia de 5.806 expedientes del ICFEM que seguían pendientes de justificación por parte de los perceptores, que no habían demostrado aún en qué habían gastado un total de 15.564 millones de pesetas. Tras abrir una investigación sobre estos expedientes, en enero de este año se apuntaba que del dinero sometido a revisión, los beneficiarios de las ayudas ya habían devuelto 1.407 millones, cuyo correcto uso no pudieron justificar, y están en proceso de reintegro 2.832 millones más. Los principales problemas detectados por el Tribunal de Cuentas canario hacen referencia a las subvenciones del programa de formación profesional ocupacional, en el que se incluye el Plan Nacional de Inserción y Formación Profesional.

Comienzo de los cursos

En el informe se señala que en el 61,3% de los expedientes de formación analizados se ha detectado que la resolución de la concesión de las ayudas es posterior al comienzo de los cursos, posibilidad que se acentúa desde 1997, cuando el pleno del Consejo de Administración del ICFEM aprobó un acuerdo haciendo oficial esta práctica, algo que para el Tribunal de Cuentas 'pone de manifiesto una actuación ilegal'. También se detectó durante la investigación que en la mayoría de los casos se pagaron de forma anticipada las subvenciones sin pedir, además, las garantías necesarias a los perceptores. En el 22% de los casos se estimó que los gastos materiales justificados por las entidades beneficiarias resultaron excesivos en relación con la programación de los cursos.

Para el PSOE, el informe del Tribunal de Cuentas prueba que existe 'responsabilidad política' por parte de los responsables de Empleo de la Comunidad Autónoma durante la pasada década. Las acusaciones socialistas se refieren a dos ex consejeros, Francisco Batllori, actual viceconsejero de Justicia, y Víctor Díaz, que hasta junio era portavoz del actual Ejecutivo.