Ruiz-Gallardón y Sabando acuerdan las condiciones para las transferencias de Sanidad

Pedro Sabando, portavoz del PSOE-Progresistas en la Asamblea, no sólo aceptó ayer la propuesta que el pasado 15 de febrero le hizo el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, para consensuar las futuras transferencias sanitarias -que pasarán del Gobierno central a la Comunidad-, sino que le propuso ya cinco puntos para empezar las conversaciones. Ruiz-Gallardón los aceptó. Se creará una comisión de partidos, asociaciones profesionales y sindicatos para preparar el proceso. IU y PSOE no lograron hacer un frente común contra la Ley de Extranjería.

Fue el de ayer un día de acuerdos y entendimientos casi totales en la Asamblea. El presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón, y el portavoz socialista, Pedro Sabando, se aceptaron propuestas mutuas y convinieron en pactar y trabajar en paz y armonía las transferencias de Sanidad, previstas para 2002. Y a más, más. Si Sabando había propuesto constituir una mesa con la presencia de representantes de los partidos, sindicatos y asociaciones profesionales, Ruiz-Gallardón incluyó también a las asociaciones de pacientes, universidades y consumidores.

Si Sabando pedía que se tomara como base para la negociación con la Administración central el presupuesto de 2000 -520.000 millones de pesetas-, el presidente proponía aumentar esa referencia. Y si el socialista hablaba de los problemas de los médicos interinos, Ruiz-Gallardón le aseguraba que esos problemas quedarían resueltos. 'Le acepto todo. Y lo mejoro. Me alegra que su grupo -y sé que también Izquierda Unida- esté por el consenso. Ha demostrado su señoría su liderazgo político aceptando los intereses generales por encima de los partidistas', dijo un exultante Ruiz-Gallardón.

Había empezado Sabando pidiendo al presidente de la Cámara, Jesús Pedroche, que le permitiera juntar el tiempo de la exposición de la pregunta con el de réplica. Y Pedroche se lo concedió. Cinco condiciones puso el portavoz socialista para aceptar la propuesta de colaboración en las transferencias sanitarias: además de iniciar la negociación sobre la base del presupuesto de 2000, y de la creación de una comisión técnica para desarrollar el proceso, Sabando propuso otros tres puntos: primero, que el dinero acordado para la financiación del sistema de salud se incorpore al departamento correspondiente de la Comunidad. Segundo, que se garantice que la incorporación de los gastos comprometidos en planes plurianuales hasta 2004 para inversiones en hospitales se sumarán al paquete negociador. Y, por último, que se cree un fondo de compensación que permita financiar la atención en Madrid a pacientes procedentes de otras comunidades, y la financiación de aquellos servicios de referencia nacional que reciben enfermos de toda España.

A nada dijo el presidente regional que no. Todo lo contrario. Ruiz-Gallardón recordó la importancia de las transferencias, que afectarán a 50.000 funcionarios, 17 hospitales generales (sin contar los militares), 224 centros de salud, 10.800 camas públicas, 10.491 camas concertadas con 27 centros sanitarios, 72 dispositivos de atención continuada, 107 equipamientos de altísima tecnología y 407 ambulancias. Total: un presupuesto de medio billón de pesetas que gestionará, a partir de 2002, la Comunidad madrileña.

Recurso al Constitucional

Pero, si en esto hubo acuerdo total, no sucedió lo mismo en la Ley de Extranjería. El PSOE, que está contra esta normativa, tuvo que dejarse agradecer por el PP el hecho de no apoyar la propuesta de IU, que pidió, a través de su diputada Caridad García Álvarez, que la Asamblea instase al Gobierno a presentar un recurso de inconstitucionalidad. El fondo unía a la oposición, pero las instrucciones del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, de no plantear conflictos de inconstitucionalidad contra la ley impidieron cualquier acuerdo. El PSOE intentó una pirueta imposible: que IU les aceptara una enmienda a la totalidad a su proposición en la que pedía que el Gobierno regional se dirigiera al Ejecutivo central para que, mediante real decreto, estableciera criterios para regularizar a los extranjeros sin las restricciones de la ley. No podía ser y, además, era imposible.