La empresa que encargó las obras del edificio derruido las hacía sin aportar todos los datos

El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Luis Armada, eludió ayer pronunciarse sobre las posibles causas del derrumbamiento, el miércoles, de un edificio en la calle de Gaztambide: 'El juez esclarecerá los hechos, establecerá responsabilidades y marcará pautas', afirmó. La empresa que realizaba obras en un local del inmueble no aportó a la Junta de distrito de Chamberí la documentación que ésta le reclamó para conocer el alcance exacto de los trabajos, que se hicieron sin licencia al tener la consideración de obra menor. En el siniestro falleció un hombre y otras 11 personas sufrieron heridas.

Tanto el alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, como el gerente de Urbanismo evitaron hablar sobre las posibles causas del hundimiento del inmueble de la calle de Gaztambide, en el corazón de la zona comercial de Argüelles. El siniestro, ocurrido a las dos de la tarde del miércoles, provocó la muerte de un hombre, un mendigo de 45 años, y heridas a otras 11 personas, y fue vinculado por los vecinos con las obras que se realizaban en un local de la planta baja del inmueble.

Pero los máximos responsables municipales se mostraron ayer más cautos. 'A partir de ahora es el juez el que tiene la palabra y todos tenemos que ser respetuosos con lo que él diga', afirmó el alcalde. El gerente de Urbanismo, por su parte, afirmó que el Ayuntamiento no va a abrir un expediente sancionador a la empresa Du Pareil Au Meme de España (DPAM), filial de una multinacional francesa especializada en ropa para niños, por las posibles irregularidades en las obras que había encargado a una contrata.

'El juez ha nombrado a unos peritos independientes del Ayuntamiento, que pertenecen al Instituto Eduardo Torroja; nos va a pedir los informes que corresponda y vamos a hacer exactamente lo que el juez nos diga. Él esclarecerá los hechos, establecerá responsabilidades y marcará las pautas', afirmó Armada.

DPAM, presidida por André Denet Bernard, alquiló el local en noviembre pasado a los antiguos Almacenes Argüelles y estaba realizando las obras mediante una mera acta comunicada remitida a la Junta de distrito (Chamberí). Esta fórmula es válida cuando se trata de obras menores, pero es utilizada, con frecuencia, para eludir la licencia de obras necesaria para acometer trabajos que afecten a elementos estructurales del edificio, según reconocen fuentes municipales.

El inmueble derruido contaba, además, con protección al estar catalogado con nivel 3 por sus valores representativos de la arquitectura propia del modernismo. El local, del segundo tercio del siglo XIX, tenía protección estructural y su fachada no se podía tocar. Por ello, 'sobre esa acta comunicada de retirada de muebles y limpieza del local, la junta le pidió a la empresa una ampliación de datos con fotografías del local', explicó el gerente de Urbanismo.

Fuentes de la Junta de Chamberí confirmaron ayer que DPAM ha incumplido ese requerimiento. 'La empresa presentó un acta comunicando que iba a retirar unos revestimientos de madera; siguiendo el procedimiento administrativo habitual en ese tipo de inmuebles, se le requirió para que presentase unas fotografías del local a fin de valorar el alcance real de los trabajos, pero no tenemos constancia de que hayan presentado esa documentación', señalan en la Junta de Chamberí.

El expediente de actuación comunicada, instado por DPAM, se dio de alta el 16 de febrero pasado en la junta municipal, la cual requirió más datos a la empresa tres días más tarde. En concreto, se le pidió que aportara 'una fotografía de la fachada, de 13x18 centímetros, por descripción insuficiente de las obras a realizar, fotocopia de la licencia de actividad e instalación en vigor', indican fuentes de Urbanismo.

La junta daba un plazo de 10 días, que finalizaba el pasado 1 de marzo, considerándose 'desistido el expediente de actuación comunicada si no aportaba la documentación requerida, cosa que la empresa no ha hecho. Se trata, en consecuencia, de una obra iniciada sin licencia y que, de tramitarse, debería haberse hecho en la Gerencia de Urbanismo', concluyen fuentes de este departamento. Portavoces de la empresa declinaron ayer ofrecer su versión a EL PAÍS.

El juez ha ordenado el precintado de los contenedores de obra, donde se habían ido recogiendo los materiales retirados del local en obras. El objetivo es analizar 'los indicios' que pudieran aparecer entre esos escombros como posible causa del siniestro, según fuentes municipales.

Luis Asúa, presidente de la Junta de Chamberí, del PP, apuntó en el lugar del derrumbamiento que, aunque la comunicación de obra era para retirar un revestimiento de madera, los trabajadores 'pudieron tocar la estructura' porque 'un edificio no se cae así como así'.