Acuerdo sellado
Los representantes de los inmigrantes que se encerraron en las iglesias de Barcelona y los de la Delegación del Gobierno ratificaron ayer el acuerdo que prevé dar una solución favorable a la 'mayor parte' de los expedientes rechazados durante el proceso de regularización del año pasado. Con este acuerdo, los inmigrantes que se encerraron en las iglesias esperan conseguir un permiso de trabajo y residencia antes de los 60 días que establece el documento.
La Delegación del Gobierno se compromete a regularizar la situación de quienes llegaron a España antes del 24 de enero y acrediten tener una oferta de trabajo. El documento sellado ayer también compromete al Gobierno a dar permisos temporales de residencia por razones humanitarias o de arraigo, lo cual facilitará la regularización de aquellos que no puedan presentar una oferta de trabajo.
El subdelegado del Gobierno en Barcelona, David Bonet, recordó que el acuerdo respeta en todo momento la Ley de Extranjería y que no se harán distinciones entre los inmigrantes encerrados y los que no secundaron la protesta. Sin embargo, Bonet se mostró preocupado por la posibilidad de que Barcelona se convieta en un foco de atracción de inmigración ilegal. Justificó este temor afirmando que el año pasado Cataluña devolvió a Francia 6.450 inmigrantes que habían cruzado la frontera ilegalmente, el triple que en 1999. Bonet atribuye el aumento al 'efecto llamada' de la anterior Ley de Extranjería.
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