La innovación, más allá de la I+D

El año pasado nos trajo la sorpresa de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). Por muchos aclamado primero, y despreciado más tarde, el MCT constituye el último paso de una errática trayectoria en la política de investigación en nuestro país, y quién sabe si acaso el definitivo.

Mientras Internet, los móviles y las televisiones digitales invaden nuestra vida cotidiana haciéndonos sentir a todos más modernos, hay pocos que duden de la escasa capacidad innovadora de nuestra sociedad, tanto en las empresas como en las instituciones. Esta lacra nos acompaña desde hace demasiado tiempo y no resultará fácil de eliminar.

Por ello, resolver tal situación requiere plantear una estrategia a largo plazo. Pero además, debemos asumir que no basta con una política científica o tecnológica. La innovación es mucho más que la I+D. Para abordar el problema se precisa una política coherente y conjunta de la mayoría de departamentos ministeriales, si no todos, por extraño que parezca.

La innovación es consecuencia de la acción de personas que tratan de resolver una situación desfavorable. Como ejemplo, admiren la historia de Scott McNeally, quien consiguió sacar de un profundo bache a la empresa que presidía, Sun Microsystems. Su innovación consistió en eliminar de todos los ordenadores de la empresa un conocido programa de presentaciones multimedia. Eso les hizo ser más creativos. Casos como éste muestran lo complicado que puede ser planificar la innovación, pues ésta tiene lugar espontáneamente si se dan las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son esas condiciones? Y sobre todo, ¿qué medidas es preciso tomar para que se den? Pues no me atrevo más que a sugerir un par de ellas. Sin duda se trata de un asunto complejo en el que habrá que contar con muchas y variadas opiniones.

La primera medida es el nuevo papel formador de la Universidad. Así, por un lado, si bien es cierto que hay menos jóvenes, también lo es que éstos presentan un peor nivel en habilidades matemáticas y razonamiento lógico. Estos conocimientos son esenciales para la asimilación de las nuevas tecnologías, particularmente las relacionadas con la información. Por otro lado, existe un alto número de los profesionales formados hace años que tiene un alto riesgo de quedar desfasado (pensemos, por ejemplo, en el negocio electrónico).

Estas dos situaciones desfavorables abren dos vías inmediatas de actuación por parte de la Universidad que son: cursos propedéuticos para resolver el primer problema y formación continua para el segundo. Mientras siga aumentando la ignorancia también lo hará la necesidad de formación. Aunque es posible que tal vez sea un nuevo tipo de formación, que sepa aprovechar el potencial educativo de Internet. El futuro de las universidades que se adapten a estos cambios se antoja muy prometedor.

Una segunda medida consistiría en aprovechar la inminente llegada del distrito único para resolver gran parte de los problemas que viene arrastrando la investigación en la Universidad. Me refiero a que esta medida liberalizadora se vea completada con la necesaria información para que los estudiantes sepan elegir el centro en el que más les interesa invertir cuatro años de sus vidas. Si esto se consigue, las universidades pasarán a competir de modo real por los estudiantes y eso inducirá todos los cambios que tanto demanda la comunidad investigadora. Por ejemplo, se activaría el mercado de trabajo de los jóvenes doctores con lo que acabaría su precaria situación. Si, además, se incluyen indicadores de transferencia de tecnología, las empresas sabrán dónde buscar candidatos, pero también dónde contratar I+D.

Por todo lo anterior, es posible que el Ministerio de Ciencia y Tecnología pueda jugar en los próximos meses un papel realmente efectivo. Así pues, carguémonos de paciencia y espíritu constructivo. Puede que nos venga bien.

Antonio García Romero es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Oberta de Cataluña.