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LA BATALLA POR EL AGUA

El PSOE propone en su Plan Hidrológico nueve desaladoras más y bancos públicos de agua

Los socialistas sostienen que su proyecto costaría 300.000 millones menos que el del Gobierno

Anabel Díez

La propuesta del PSOE será presentada hoy por su responsable federal de Medio Ambiente, Cristina Narbona. El proyecto asigna un coste de 400.000 millones de pesetas para la obtención de 1.085 hectómetros cúbicos de agua, mientras que el coste de obtener 1.050 hectómetros cúbicos, sólo del trasvase del Ebro, conforme al plan del Gobierno, es de 700.000 millones de pesetas. La propuesta socialista pasó ayer el último tramo de discusión interna en el PSOE, una vez que fue debatido en el Grupo Parlamentario, donde se produjeron 16 intervenciones a favor y sólo dos con objeciones, estas últimas formuladas por Juan Manuel Eguiagaray y Joan Lerma, diputado por Murcia y senador por Valencia, respectivamente.

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Anoche, la responsable socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, daba los últimos retoques a la enmienda a la totalidad que presentará el PSOE al proyecto gubernamental de Plan Hidrológico, para recoger algunas consideraciones hechas por diputados y senadores en el debate realizado en el Grupo Socialista. El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, elogió ayer el trabajo realizado por Narbona y lo puntuó con 'matrícula de honor'.

El proyecto socialista reconoce las necesidades de las comunidades mediterráneas y propone obtener 390 hectómetros cúbicos, de los 1.085 necesarios, por desalación. Y aboga por obtener el resto mediante técnicas de ahorro, reutilización de aguas residuales depuradas y la ordenación a través de los bancos públicos de agua, siguiendo una práctica muy consolidada en California (EE UU). Según el plan del PSOE, habría siete desaladoras nuevas para el abastecimiento urbano, distribuidas de la siguiente manera: dos en la Cuenca del Seguro, en Benidorn y en una zona entre Murcia y Cartagena; otras dos en Almería (Poniente y Levante); otra en la Costa del Sol, y las siguientes en Valencia y Barcelona. Se realizaría una ampliación y renovación de las ya existentes en Ceuta y Melilla. El plan del PSOE sitúa en cinco años el tiempo para conseguir estos objetivos, en tanto que el del Gobierno no tendría eficacia hasta dentro de una década, según los cálculos socialistas.

El reconocimiento de las carencias de la cuenca del Segura está presente en el texto alternativo, aunque de forma insuficiente a juicio de algunos parlamentarios socialistas murcianos y valencianos. Los ex ministros Eguiagaray y Lerma pidieron más compromiso respecto a los trasvases para esas zonas en el supuesto de que las medidas mencionadas no sean eficaces. Pero no lo consiguieron. Esta discrepancia abre una duda respecto al voto de los socialistas murcianos y valencianos al plan de su partido, si bien el portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, se mostró ayer convencido de que 'todos los parlamentarios socialistas votarán el mismo texto'.

La alternativa del PSOE detalla doce divergencias con la política del Gobierno. El PSOE propone la creación de una Conferencia Sectorial de Política del Agua como órgano de cooperación y coordinación institucional entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Insta a la reforma del Consejo Nacional del Agua para favorecer su carácter consultivo y obliga a la revisión de los Planes Hidrológicos de cuenca, en un periodo de tres años, para ir incorporando los compromisos europeos derivados de la directiva marco sobre política de agua.

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La urgente puesta en marcha de las medidas citadas en las cuencas con problemas más graves y la incorporación gradual a una política de precio del agua 'cada vez más vinculada al consumo efectivo' son otras de las medidas, junto a la creación de bancos públicos de agua, 'como instrumentos que garanticen la asignación eficiente de los derechos del agua, bajo control público'. Una alternativa, explica el PSOE, a la creación de mercados de agua entre particulares propuesta por el PP en su reforma de la Ley de Aguas de 1999.

Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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