El Tribunal Vasco de Cuentas ratifica las irregularidades del Guggenheim

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Rafael Iturriaga, ratificó ayer que todas las cifras y los parámetros que se incluyen en su informe de fiscalización sobre el Museo Guggenheim son exactas 'y no están manipuladas'. Iturriaga explicó ayer en el Parlamento vasco que recibió el encargo del Legislativo autónomo para calcular el coste total del museo y así lo hizo, apreciando 'irregularidades' en la construcción y las contrataciones de la pinacoteca, con una desviación del gasto de más de 2.500 millones de pesetas, que el museo reduce a 14 millones (ver EL PAÍS del pasado sábado).

El informe critica la carencia de un plan detallado de construcción, que fue completado sobre la marcha, y que la selección de los contratistas se hizo de manera directa y sin respetar las normas que rigen para la empresa pública. También revela que el Guggenheim Bilbao abona los sueldos a 10 personas en Nueva York con un coste de 152 millones de pesetas.

El informe fue duramente contestado por el director del museo, Juan Ignacio Vidarte, ya que, en su opinión, 'daña la imagen y el buen nombre de esta institución'.

La fundación que rige el centro, la Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, Bilbao SL, promotora y propietaria del edificio; y la Sociedad Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao SL, titular de sus fondos artísticos, apelaron en sus alegaciones a su naturaleza jurídica privada para explicar cómo habían gestionado un presupuesto de 27.705 millones de pesetas y negar que el Tribunal tenga competencias para inspeccionarlas.

Criterios públicos

Para Iturriaga, quien ayer se entrevistó con el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, 'algunas de las aseveraciones que ha hecho el señor Juan Ignacio Vidarte en nombre del museo no sólo no se corresponden con lo que dice el informe, sino con la realidad'. Según señaló, esas alegaciones expresan su opinión, pero no son aceptables porque 'las empresas constituidas por el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento no pierden en ningún momento su naturaleza jurídico-publica'. El presidente del organismo auditor incidió en que 'el dinero que se ha invertido en la construcción y dotación del museo es dinero público hasta la última peseta y, por lo tanto, sometido a los criterios y requisitos de gasto del capital público'.

Para Iturriaga, 'eso implica unas obligaciones a la hora de los contratos y la gestión del museo que se deben de tener en cuenta, con independencia de que todos reconocemos que el museo ha sido y es un éxito de las empresas que lo construyeron y de la sociedad vasca', añadió.

Iturriaga aseguró, tras explicar que el museo pidió una ampliación de plazo para responder al informe, que Vidarte 'se repite en sus críticas'.