El 60% de las víctimas de la colza sigue sin cobrar su indemnización 20 años después

Abogados y asociaciones de consumidores opinan que el dinero no hará olvidar este problema -por el que murieron en España alrededor de 1.100 personas, dejando a cerca de 25.000 con lesiones de diversa índole-, pero ayudará a resarcir en parte el sufrimiento que padecieron las víctimas, en su mayoría de familias humildes y con bajos recursos económicos.

El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, pide una solución inmediata. Múgica asegura que 'es desesperante' que después de casi dos décadas desde el primer caso -la muerte el 1 de mayo de 1981 del niño de ocho años Jaime Vaquero en Torrejón de Ardoz (Madrid)-, y tres años después de que se dictara la sentencia firme, la mayoría de los afectados 'aún no hayan visto resarcido el enorme sufrimiento que han tenido'.

El Tribunal Supremo emitió la sentencia de las indemnizaciones por el síndrome tóxico el 26 de septiembre de 1997 y, los primeros pagos se hicieron en marzo de 1999. Desde entonces, según la abogada Francisca Sauquillo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha realizado unas 7.600 providencias, dictando 6.300 autos de liquidación y ha librado órdenes de pago por cantidades que superan los 125.000 millones de pesetas. Pero aún quedan por cobrar otros 11.000 afectados. Las indemnizaciones que fijó el Supremo oscilan entre 15 millones para los herederos de los fallecidos y 50 millones para quienes sufren incapacidades graves.

Averías informáticas

Sauquillo, que ha llevado en torno a los 2.000 casos de afectados de la Comunidad de Madrid, una de las más perjudicadas junto a Castilla y León, afirma que en los últimos meses ha bajado considerablemente el ritmo de expedientes y lo atribuye, en parte, a las averías y a la lentitud del sistema informático de la oficina que, encabezada por tres jueces, habilitó el Ministerio de Justicia que es donde se decide qué cantidad debe pagar la Administración. Esta letrada comprende la inquietud de muchas personas que, tras comprobar que tenían derecho a cobrar indemnizaciones, se metieron en créditos y ahora están siendo acorralados por los intereses.

La secretaria de la Sala de la Audiencia Nacional responsable de tramitar las indemnizaciones, Paloma Salcedo, niega los retrasos, pero admite que 'todavía faltan tres años' para que se hagan los últimos pagos. De las 19.293 personas con derecho a recibir una indemnización han presentado la liquidación correspondiente 18.236. 'Se están pagando unas 370 indemnizaciones de media cada mes, con variaciones según la dificultad del caso y los periodos de vacaciones', afirma. En concreto, en septiembre de 2000 se resolvieron 322 casos, en octubre 366, en noviembre 321, 218 en diciembre y 415 en enero de 2001. En total, hasta el 1 de febrero de 2001 se han dictado unas 7.000 órdenes de pago, por valor de 127.900 millones de pesetas, según sus datos.

La secretaria de la Sala explica que el trámite está a cargo de 13 funcionarios (sin contar a dos médicos forenses) y que este número no ha variado, 'con la excepción de la baja por maternidad de dos funcionarias' que no fueron cubiertas, 'aunque se solicitó'. El pago se hace 'siguiendo rigurosamente el orden en que se presentaron las demandas por los afectados'.

Salcedo relata que las liquidaciones que han sido aceptadas por los demandantes se pagan sin más. En otros casos los afectados han recurrido las cantidades, bien porque no quieren que se descuenten de la indemnización otros cobros que hayan podido recibir anteriormente del Estado, bien porque quieren que el forense revise su estado de salud. 'Lógicamente, a más recursos, hay más retrasos' señala la secretaria de la Sala.

En Segovia, la provincia con mayor proporción de afectados de España con 520 casos, no ha cobrado ni el 10%. Para el abogado Ricardo de Cáceres, el problema radica en que el Gobierno no consigna las partidas correspondientes para no cargar los Presupuestos Generales del Estado y seguir ofreciendo la imagen del llamado déficit cero, por lo que va pagando a medida de sus disponibilidades, y eso que conocía desde el principio que el censo de afectados superaba los 25.000. Consciente de que el Ejecutivo no tiene un plazo para pagar, Cáceres lamenta que no se aceptara la propuesta de realizar consignaciones presupuestarias anuales de unos 150.000 millones, con lo que ya habría abonado más de la mitad de la deuda. Por su parte el senador del PSOE por Segovia, Arturo González, ha realizado una pregunta sobre las previsiones del Gobierno para hacer efectivas las indemnizaciones.

Trabajo constante

En la Audiencia afirman que el ritmo de concesión de las indemnizaciones se mantiene desde que en febrero de 1999 se ordenaran los primeros pagos. 'Aunque siempre vendría bien contar con más personal, la relación entre número de funcionarios y rapidez no está clara', señala Salcedo. Una mayor diligencia en los trámites 'desbordaría a los magistrados', que son quienes finalmente ordenan los pagos. La secretaria de la Sala concluye que aunque entiende la inquietud de los afectados, 'no hay un arreglo fácil para que cobren antes'.

La OCU reclama 'una mayor sensibilidad por parte de quien tiene que hacer frente al pago de las indemnizaciones'. 'Hemos intentado que se acelere, pero estamos viendo que la lentitud de los expedientes es mucha y todavía queda mucho tiempo para que se vea paliado el enorme sufrimiento de esta intoxicación', afirmó su presidente.