La negociación del Concierto no se verá alterada por el proceso electoral

El pasado 15 de febrero se abrió la negociación para renovar el Concierto Económico y el 31 de diciembre debe estar cerrada. En pleno proceso de renovación del instrumento más importante del autogobierno vasco se ha cruzado una crisis política en Euskadi que ha terminado en convocatoria de elecciones anticipadas para el 13 de mayo y en la ruptura completa entre las fuerzas nacionalistas y constitucionalistas. Pese a la situación de división, los dos partidos presentes en las instituciones involucradas (el PP en el Gobierno central y en la Diputación de Álava, y el PNV en las otras dos diputaciones y, por lo menos hasta que se forme un nuevo Ejecutivo autónomo, en la Administración vasca) confían en negociar sin verse afectados por la lucha abierta hasta los comicios. Así, el diálogo institucional sobre el Concierto se mantiene abierto.

Mientras Vizcaya desea que las negociaciones se cierren antes de que se concluya el proceso electoral y la formación de Gobierno, Álava considera que las grandes cuestiones, como el papel del Concierto ante la Unión Europea, quedarán relegadas hasta que vuelva a haber estabilidad en el Ejecutivo autonómico.

Por otro lado, la buena marcha de la recaudación en Euskadi ha hecho que el Gobierno se encuentre con un remanente de 40.0073 millones de pesetas respecto a las previsiones del Consejo Vasco de Finanzas. Aunque el Ejecutivo asegura que el dinero ya se ha gastado en la ejecución del Presupuesto de 2000, aprobado en 1999 por PNV, EA y EH, no ha querido revelar cómo, ya que dice que primero lo hará al Parlamento.

El pasado 15 de febrero, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, dieron la salida en Madrid a la negociación del nuevo Concierto vasco. De esa reunión se extrajo una primera y fundamental conclusión: el próximo Concierto no tendrá fecha de caducidad, algo que ya se produce en el caso del Convenio navarro. Más allá de este encuentro, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, se había reunido pocos días antes en Vitoria con los tres diputados generales: los nacionalistas Josu Bergara (Vizcaya) y Román Sodupe (Guipúzcoa) y el popular Ramón Rabanera (Álava). En esta reunión, como en la primera citada, se veían las caras dos partidos PNV y PP que se encuentran totalmente enfrentados y en una ruptura plena de relaciones.

En este panorama y con la fecha del 31 de diciembre como tope para cerrar la negociación Ibarretxe anunció la convocatoria de elecciones autonómicas vascas, que dejaban al Concierto en un segundo plano. Sin embargo, la voluntad de separar las grandes cuestiones institucionales de la lucha política ha evitado que se suspendan las negociaciones. El instrumento encargado de llevarlas adelante es la Comisión Mixta del Cupo. Tanto el PNV como el PP saben que el Concierto es el principal pilar del autogobierno vasco y los dos lo reivindican como un elemento esencial, aunque desde visiones distintas.

En todo caso, las negociaciones se mantienen y los deseos también. La Hacienda vizcaína reclama normalidad, cansada de la situación de enfrentamiento político que ha llevado a Euskadi a una situación de parón y anima a que la negociación se acelere y termine cuanto antes. Con un golpe de pragmatismo, los alaveses no van tan lejos y reconocen que se puede seguir negociando y avanzando asuntos, pero que las cuestiones políticas esenciales quedarán para el final.

La Unión Europea

El grado de coincidencia entre instituciones lleva a que Álava no discrepe en sus intenciones de cara al nuevo Concierto ni con Vizcaya ni con Guipúzcoa. Una de las cuestiones políticas que estará presente a lo largo de toda la negociación va a ser la Unión Europea. Las dificultades vividas en los últimos años con las instituciones comunitarias por culpa de los incentivos fiscales a la inversión, hace que el blindaje ante Europa se haya convertido en una necesidad. Ésta es una de las grandes cuestiones políticas que probablemente quedará relegada a los últimos días de la negociación. Mientras los nacionalistas reclaman un anexo a los tratado europeos que recoja las singularidades vascas y la posibilidad de estar presente en las instituciones europeas cuando se traten materias que afectan a competencias propias, los alaveses prefieren seguir manteniendo su discreción.

Mientras Álava no se define en esta cuestión, el Gobierno central estudia cómo encajar a las comunidades autónomas en la Unión Europea y dentro de este debate está también el caso vasco. Pese a que la sombra de Europa va a marcar las negociaciones, no se esperan mayores conflictos.

Pero frente al debate con Madrid como adversario, hay otro debate interno: ¿deben las normas forales convertirse en leyes forales? Si así lo hicieran se lograría evitar la llamada judicialización del Concierto Económico. Aunque las nomas forales regulan materia reservada a ley, formalmente no lo son y, por tanto, pueden ser recurridas ante la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, si se convirtieran en leyes forales pasarían a la jurisdicción constitucional. Tal es el caso de las leyes forales navarras. La norma foral es un figura jurídica creada como tal por la Ley de Territorios Históricos para diferenciarla de las leyes del Parlamento vasco. Sin embargo, competencialmente son leyes. De hecho las normas fiscales tiene reserva constitucional de ley.