La locura alcanza a los buitres

Ninguna disposición legal regula en España la utilización de cadáveres o despojos de animales domésticos para la alimentación de aves carroñeras. Aun así, en los últimos años se ha venido utilizando este recurso para facilitar la recuperación de algunas de estas especies, como buitres o alimoches, sin que surgiera conflicto alguno. La propia Administración ha apoyado a los colectivos conservacionistas que se han hecho cargo de comederos como los situados en las serranías malagueñas, en la comarca de los Vélez (Almería) o en Sierra Pelada (Huelva).

Cada vez era menos frecuente el abandono de reses muertas, la ganadería extensiva iba reduciendo su presencia y escaseaban las cortijadas y granjas diseminadas por el monte. En estas circunstancias, las aves carroñeras tenían serias dificultades para cubrir sus necesidades. Los comederos vinieron a suplir esta escasez de alimento, originada por el progresivo despoblamiento de las zonas rurales y la modernización de los aprovechamientos ganaderos.

La fórmula ha dado excelentes resultados, frenando el declive de algunas de estas especies protegidas. Sin embargo, con la aparición del mal de las vacas locas, y la batería de medidas dictadas para controlarlo, la carroña se ha convertido en un elemento peligroso. Desde el pasado día 1 los cadáveres procedentes de cualquier explotación ganadera deben ser incinerados, lo que supone la brusca eliminación de un recurso vital para las aves necrófagas.

Peculiaridades

A juicio de las organizaciones ambientales e instituciones científicas agrupadas en el Grupo de Trabajo para la Conservación de Aves Carroñeras, esta normativa, dictada a escala europea, no tiene en cuenta las peculiaridades de nuestro país, en el que se concentra el 80% de la población continental de estas especies. Si desaparece la carroña procedente de la ganadería, explica Juan Criado, director de Conservación de la Sociedad Española de Ornitología, 'se pondrá en evidente peligro a este grupo animal, ya que es un recurso que supone entre el 60% y el 100% de la alimentación de estas aves'.

En opinión de Consuelo Atencia, representante de la Federación Andaluza de Asociaciones para la Defensa de la Naturaleza, 'la nueva normativa puede ocasionar en Andalucía una auténtica catástrofe', impidiendo, por ejemplo, los planes de reintroducción del quebrantahuesos y la recuperación de las poblaciones de alimoche'. El buitre leonado, aunque en mejor situación por su relativa abundancia, también sufriría 'un gravísimo descalabro'.

Atencia, que desde 1980 viene trabajando en diferentes programas de conservación relacionados con estas especies, se muestra no sólo preocupada por el posible cierre de los comederos, justo cuando la Consejería de Medio Ambiente estudiaba el establecimiento de una red a escala regional, sino que considera aún más preocupante 'la desaparición del ganado muerto que hasta ahora se abandonaba en el monte, o el que se disponía en el entorno de granjas y otras explotaciones similares'.

Idéntica preocupación muestra José Luis Tella, investigador de la Estación Biológica de Doñana, para el que 'las medidas dictadas no se han sometido a la necesaria reflexión, ya que no se puede considerar como material de riesgo cualquier carroña'. Los patólogos deberían identificar con precisión los elementos que suponen algún riesgo porque, hasta ahora, 'sólo se consideran peligrosas algunas partes del ganado bovino y ovino'. La mayoría de los comederos, sin embargo, se nutren de ganado caballar, y las partes inocuas de otros animales domésticos podrían seguir siendo aprovechadas por estas aves.

Medio Ambiente ha convocado a los técnicos de sus delegaciones para que, a lo largo de esta semana, aporten una evaluación de las consecuencias que la nueva normativa estaría ocasionando. Asociaciones ecologistas y científicos también participarán en un encuentro de estas características, precisa José Guirado, director general de Conservación del Medio Natural, 'de manera que la Administración ambiental pueda contar con todos los datos y opiniones relevantes, y así trasladarlos al Ministerio de Medio Ambiente y al grupo que en Andalucía trabaja en el control de la encefalopatía espongiforme bovina'.

En previsión de que hubiera que aportar carroña, sometida a los correspondientes controles sanitarios, la consejería ha diseñado un plan de emergencia que ya se ha dotado con 30 millones de pesetas. En un caso extremo, si se planteara la necesidad de asumir la totalidad del alimento que necesitan las aves carroñeras, el coste de la operación podría rondar los 300 millones de pesetas anuales, una cifra, sostiene Guirado, 'desorbitada, sobre todo cuando es posible encontrar soluciones al problema'.

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