Por el marketing al poder

Decía Williams James que todo lo que funciona sirve, y en esa tradición de utilitarismo anglosajón hay que plantearse las relaciones de capacidad de incidir en el poder de un Estado. Porque aquí de lo que se trata es de saber si los valencianos tenemos la capacidad de articular nuestra Comunidad con los mismos recursos por habitantes que las demás autonomías. No consiste en plantear el tema en términos insolidarios o hacer el típico discurso nacionalista de yo me merezco tal cosa porque mis señas de identidad son de esta manera y tengo que presionar al gobierno central para que me dé lo que creo que en justicia me corresponde. Es ése un discursos que no lleva más que a ser plañideros con la consiguiente retahíla de que otros tienen más o consiguen por medios espurios una mejor posición en el conjunto de España. Por eso cuando se habla del poder valenciano, refiriéndose al Estado, hay que analizar qué se está demandando. Si ello consiste en querer tener una capacidad de influencia en los órganos políticos de Madrid para conseguir tal o cual infraestructura o para aumentar las prestaciones de los servicios se está proponiendo el mismo método que se denuncia al pretender obtener determinadas concesiones por el sistema de la presión, y a la postre eso significa articular un sistema caciquil o de lobby que proporcione lo deseado.

Curiosamente desde la revolución liberal del siglo XIX y hasta los primeros albores del siglo XX los valencianos han tenido un poder considerable en la estructura del Estado. El marqués de Campo, Navarro Reverter, Cirilo Amorós, el golpe de Estado dado en Sagunto en 1874 que iniciaría la Restauración, como ha estudiado J. A. Piqueras, son ejemplos de nuestro poder ejercido por métodos de influencia económica y social. Aquí la burguesía no necesitaba crear una imaginería nacionalista porque tenía ese poder que ahora se reclama.

En esta situación lo que se trataría es de conseguir lo máximo del gobierno de España, y así el sistema de las autonomías funcionará siempre en términos de tensión y da igual que vayamos hacia el federalismo (que no acabo de entender en qué se diferencia de las autonomías) o a la consagración del federalismo asimétrico que algunos plantean, lo que supondría la ruptura de un modelo de Estado que la Constitución ha consagrado y que en términos generales ha ido funcionando.

En este sentido el libro de Zaplana pone por escrito lo que un líder de un partido político piensa sobre la realidad y cuáles son sus propuestas de transformación de la misma en aquellas parcelas que puede considerarse fundamentales para obtener lo que en 'justicia nos pertenece'. No me interesa si el autor lo ha hecho por una operación de marketing que le abra las puertas al poder del Estado. En política es difícil juzgar intenciones y por tanto ése es un campo que pertenece a la Psicología que me siento incapaz de aplicar. En todo caso cada uno utiliza los recursos que posee. Al menos ha tenido el buen gusto de no citar a Ortega, al que generalmente se acaba aludiendo cuando alguien quiere hacer carrera en la villa y corte: Madrid es una ciudad-capital en la que al final de cada conversación siempre sale Ortega, como si sólo existiera en cien años un solo intelectual español de referencia que fija y da esplendor. Lo de Silvela como gran autonomista me parece una broma (pg. 27) y la utilización en exceso de adjetivos y adverbios (extraordinario, importante, enormemente, etc) proporcionan al texto una literatura grandilocuente, pero en conjunto se lee con facilidad.

La propuesta sustantiva que hay que considerar es la de la financiación, porque, a la postre, resulta la clave de lo que recibe cada autonomía por habitante en función de los servicios que se presta. Así Galicia recibe 154.000 pesetas por habitante, Andalucía 139.000, Cataluña 127.000 siendo la media española de 134.000, mientras que Valencia tiene 117.000 pesetas. Es decir, un valenciano recibe menos que un andaluz, un gallego o un catalán, para atender a los mismos servicios que gestiona la autonomía. Y si nos remontamos a 1996, Galicia tenía 112.000 pesetas por habitante mientras que Valencia por la misma fecha 91.000, ahora comparando ambas autonomías las diferencias han pasado del 22,8% al 31,5%. Y en esa estamos. ¿Cómo alcanzar al menos la media española? Zaplana nos propone la cesión de tributos. ¿Sería una solución para paliar el déficit y el endeudamiento? ¿Habrá que asumir que hay que poner un precio a esos tributos para alcanzar el techo de financiación deseado? Y eso en la práctica ¿no supondrá un aumento de los impuestos para los valencianos, lo que no parece factible en la dinámica de la actual política económica? ¿La cesión de tributos será solidaria con el resto de España, por cuanto el Estado necesita también unos recursos para su funcionamiento o para la compensación interterritorial que tienen que aportar los españoles? ¿No llevará la cesión de tributos a que los servicios sean iguales al coste y permanezcan inalterable las cantidades que recibe la Comunidad Valenciana?

Por ello el poder valenciano se demostraría consiguiendo que la Comunidad adquiriera por los servicios que realiza al menos la cantidad media española por habitante. No es tanto un problema de presión como de racionalidad financiera. En caso contrario estamos como siempre, utilizando la capacidad de relaciones personales para solucionar un problema de Estado. El mecanismo del poder valenciano no es usar la influencia individual que tengamos en la intermediación con el gobierno de turno -eso será coyuntural-, sino en proponer un sistema que sea equitativo, coherente y solidario para todos.

Javier Paniagua es profesor de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED.