La Xunta aportó 100 millones a empresas del ex presidente de la patronal gallega

Tras nueve años en el cargo, Ramilo dimitió el pasado 28 de noviembre al descubrirse un agujero de 1.000 millones de pesetas en las cuentas de la CEG. La patronal llegó a una dramática situación financiera pese al incesante flujo de dinero público que había recibido desde 1995. El Gobierno gallego le entregó en ayudas directas unos 800 millones de pesetas y otros 3.200 millones en fondos para la formación de parados, parte de los cuales se desviaron irregularmente para financiar congresos y publicidad de la organización (ver EL PAÍS del 28 de febrero).

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, subrayó ayer que las cantidades que aparentemente se han desviado son de 'pequeña importancia' y negó que la Administración haya dispensado trato de favor a la patronal, con la que su Gobierno 'tuvo más casos de conflicto que de colaboración'. Lo cierto es que Ramilo pedía expresamente el voto para el PP, una actitud que no compartían muchos empresarios, entre ellos el nuevo presidente de la CEG, Antonio Fontenla, elegido ayer mismo por holgada mayoría. Fontenla ha prometido que, además de investigar las irregularidades, tratará de dar al organismo un carácter 'apolítico'.

Ramilo también se distinguía por su tenaz condena del intervencionismo público en la economía. Sin embargo, cuando su grupo granitero entró en crisis, no dudó en solicitar el auxilio de la Administración. En el verano de 1999, las empresas del presidente de la patronal acumulaban una deuda de 1.500 millones, y la sociedad pública Sodiga, controlada por la Xunta, acordó participar con 100 millones en el capital de Ramilo S.A al tiempo que le concedía un préstamo de 50 millones, según datos aportados por el Gobierno gallego a los diputados autonómicos del BNG Xesús Vega y Xosé Díaz. Se trataba, según la Xunta, de contribuir a la 'modernización' de las instalaciones. Tres meses después, Ramilo encontró un comprador para sus empresas, el grupo orensano Cupide-Padesa.

Sodiga ya se había asociado por primera vez a Ramilo en 1997 participando con 15 millones en la constitución de la empresa Minería Ornamental S.A, a la que también se le concedió un crédito de 65 millones. Ese mismo año, el organismo público Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) avaló créditos por valor de 220 millones a Ramilo, a quien en 1994 ya había entregado 11,2 millones como subvenciones a préstamos bancarios, según los datos facilitados por la Xunta al BNG.

La generosidad de las instituciones gallegas con Ramilo incluso provocó una intervención del Ministerio de Fomento. En abril de 1999, Fomento recurrió una resolución de la junta de expropiaciones de Lugo por entender 'lesiva para los intereses públicos' la tasación de una propiedad de las empresas de Ramilo. El trazado de la autovía A Coruña-Madrid afectaba a una concesión minera de Ramilo S.A, y en Lugo se decidió compensarle por ello con 378 millones. En su recurso, Fomento alega que, en realidad, el yacimiento de mineral queda fuera de los terrenos afectados por la autovía.