La Ley de Extranjería: el Constitucional debe decidir

En los últimos dos años hemos visto cómo el tema de la inmigración ha pasado a formar parte de ese reducido grupo de asuntos que centran permanentemente el debate político y mediático de primer nivel. Es bien conocido que la modificación de la antigua Ley de Extranjería llevada a cabo por el PP es altamente polémica. Y también es público y notorio que partidos políticos, medios de comunicación, comunidades autónomas e instituciones como el Defensor del Pueblo andan en las últimas semanas especialmente ocupados en este tema. Sin embargo, desde Izquierda Unida tenemos la impresión de que con demasiada frecuencia nos perdemos en polémicas menores o desenfocadas no atacando la esencia de este tema.

En primer lugar, es necesario poner de relieve que la inmigración no es un problema para España. Más bien al contrario, es un síntoma de desarrollo económico. A nadie se le oculta que España ha recorrido un largo camino en el tránsito de país que producía emigrantes a país que recibe inmigrantes. Por lo tanto, es necesario enfatizar que los inmigrantes no son un problema, sino la solución a una necesidad económica. Determinados trabajos no son queridos por los españoles, y los empresarios deben recurrir a mano de obra extranjera. Y comoquiera que son muchos los países del llamado Sur que expulsan a sus nacionales a través de su pobreza y su injusticia, éstos acaban viviendo y trabajando tanto en España como en el resto de Europa. Dicho lo anterior, es urgente que España, como Estado pero también como sociedad, organice los flujos migratorios futuros y regularice la situación de los inmigrantes que ya viven, trabajan y producen riqueza en nuestro país.

Desde nuestro punto de vista, la mejor forma de afrontar este gran reto es aquella que incida en medidas tendentes a integrar a los inmigrantes que viven o puedan vivir en el futuro en España. Para hablar con total claridad, la respuesta a este fenómeno debe ser social y no meramente policial, como pretende el PP con la nueva Ley de Extranjería. Se nos replicará a las gentes que estamos en contra de la Ley 8/2000 que esta norma goza del respaldo de la mayoría parlamentaria que la aprobó y con el impulso decidido de un Gobierno con mayoría absoluta recién salido de las urnas. Sin embargo, en una democracia constitucional hay cosas que ni un Gobierno en mayoría absoluta puede hacer. Nuestra Constitución marca unas determinadas reglas de juego para organizar la convivencia, vertebrar el libre juego político y tutelar una serie de derechos y libertades a la ciudadanía. Pues bien, ésta es una línea que ha sido traspasada por el PP con su nueva Ley de Extranjería.

No quiero ser excesivamente cáustico, pero creo necesario, en este punto, recordar que una de las consecuencias fundamentales del fascismo en la escena jurídica europea fue la de crear una amplia conciencia favorable a no distinguir entre ciudadanos (nacionales de un Estado) y seres humanos en lo tocante a determinados derechos humanos. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial supusieron un abandono de los postulados jurídicos hiperformalistas kelsenianos y un rebrote del iusnaturalismo y del humanismo internacionalista, de tal suerte que las constituciones que vieron la luz en Europa a partir de la década de los cincuenta siempre han garantizado una esfera de derechos y libertades para toda persona en virtud de su consustancial dignidad humana. Hay derechos de los que ningún ser humano puede ser privado por ningún Gobierno democrático. Nuestra Constitución es también heredera de esta conciencia y, a través de sus artículos 10 y 13, garantiza a todo ser humano el respeto de una serie de derechos tutelados por el derecho internacional y, desde 1978, también por el derecho español. En resumen, la Constitución Española crea dos grandes esferas de derechos y libertades: una vinculada a la condición de ser humano compuesta por derechos de tipo civil para los extranjeros y otra vinculada a la ciudadanía española que, además de comprender los derechos anteriores, incluye también derechos de tipo político y social para los españoles. Esta summa divisio en materia de derechos humanos ha sido avalada en infinidad de ocasiones por el Tribunal Constitucional al entender que la lectura conjunta de los artículos 10 y 13 de nuestra Carta Magna dan como resultado un acervo de derechos humanos propios de todos y cada uno de los seres humanos que se encuentren en España, sean éstos de la nacionalidad que sean. Pues bien, ésa es la línea que el PP ha decidido cruzar. El Gobierno y su Grupo Parlamentario han decidido privar a los extranjeros no comunitarios cuya situación administrativa no esté plenamente regularizada de una serie de derechos que éstos deben inexcusablemente tener (reunión, asociación, libertad de sindicación, educación, intimidad familiar y un largo etcétera).

Ante esta situación, y una vez que se ha comprobado que quien no está a la altura de las circunstancias es el Gobierno del PP, es necesario demandar del resto de actores de la democracia española que cumplan su papel ante este brutal ataque a la propia dignidad humana. A mi modo de ver, sindicatos, ONG, asociaciones, gran parte de los medios de comunicación y la Iglesia católica están a la altura de las circunstancias. Determinados partidos políticos también están por la labor de llevar la Ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional para que éste depure el ordenamiento jurídico español y restituya a los inmigrantes los derechos que les garantizan la Constitución y el derecho internacional ratificado por España. A estos efectos, Izquierda Unida está promoviendo la firma por parte de 50 diputados o senadores de un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. También es conocido que determinadas comunidades autónomas están realizando gestiones tendentes al mismo fin. Y no es menos conocido que el Defensor del Pueblo tiene encima de su mesa decenas de peticiones de impugnación de la referida norma.

No pretendo entrar en polémicas ni con otros partidos de la izquierda plural española ni con el Defensor del Pueblo, nada más lejos de mi intención. Pero sí que creo que es necesario decir alto y claro que el Tribunal Constitucional debe poder decidir sobre la constitucionalidad de la nueva Ley de Extranjería. No tenemos ni la más mínima duda sobre cuál sería el veredicto del Alto Tribunal, dado que son muchos los años y las sentencias de intachable ejecutoria a favor de los derechos humanos y ciudadanos los que le avalan. Y, en fin, tampoco tenemos ninguna duda de que los partidos políticos de la izquierda plural española, las comunidades autónomas y especialmente el Defensor del Pueblo estarán a la altura de las circunstancias y conseguirán que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la ya funestamente célebre Ley 8/2000.

Una última matización para malpensados. Llevar la Ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional es necesario, e Izquierda Unida contribuirá a ello en la medida de sus posibilidades. Pero el objetivo no es provocar un revés político del Gobierno del PP, sino proteger la intrínseca dignidad humana de los inmigrantes y la adecuada protección jurídica de la misma. Sin perder de vista en ningún momento que en un asunto tan importante para la España del siglo XXI como es el de la inmigración es imprescindible aplicar una óptica política y jurídica más consensual, social e integradora y menos impositiva, policial y represiva que la instrumentada hasta ahora por el Gobierno del PP.

Gaspar Llamazares Trigo es coordinador general de Izquierda Unida.