Interior acepta revisar los casos de inmigrantes con oferta de empleo

El plazo se lo comunicó ayer el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. La vía del recurso sería a través de la firma de 50 senadores socialistas.

Ésta fue la parte menos aceptable para el Gobierno de las propuestas formuladas por el PSOE, entre las que destacó la concesión de permisos de residencia transitorios para los irregulares que tengan una oferta de trabajo. Se trataría de aprovechar el artículo 31 de la Ley, que habla de documentar a las personas por razones humanitarias o situación de arraigo, y vincular éste último a la posesión de una propuesta de empleo. Una medida similar, planteada en el Congreso de los Diputados a través de una proposición no de ley, fue rechazada por los diputados populares.

El Ejecutivo, ayer, se comprometió con el PSOE a estudiar ésta y otras medidas y dar una respuesta en la próxima reunión, que tendrá como interlocutor al nuevo ministro del Interior.

Evolución de posiciones

Tanto el PSOE como el Gobierno han evolucionado en sus posiciones sobre inmigración en los últimos días. El Ejecutivo se ha avenido a reunirse con el PSOE para explorar si es posible ese pacto de inmigración que pide el líder de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, desde el mes de julio y sobre el que ha insistido incluso después de que la ley estuviera aprobada, con el voto en contra de su grupo, pero con la asunción por parte del PP de unas sesenta enmiendas socialistas. El PSOE, por su parte, ha pasado de descartar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad y de 'desaconsejar' la iniciativa legal a los gobiernos autónomos socialistas y al PSC que estudian promoverlo, a barajar muy seriamente esa posibilidad si no hay acuerdo con el Gobierno.

La vía del recurso escogida, si es que llega a hacerse, es a través de 50 senadores socialistas, y tendría la significación política de que parlamentarios de todas las comunidades, incluidas las que quieren recurrir, darían el paso al frente. Pero de esto no se hablará, aunque estará preparado hasta las vísperas del día 23, fecha en la que termina el plazo para recurrir la ley ante el Constitucional. El PSOE no dio ayer todos estos detalles al Gobierno, pero sí informó al ministro del Interior de que su tiempo de negociación termina en esa fecha. Este anuncio no sentó bien al ministro, y mucho menos al portavoz parlamentario del PP, Luis de Grandes, quien mostró su extrañeza, en tono duro, porque el PSOE ponga plazos cuando, a su juicio, nada tiene que ver el recurso con un posible pacto global de inmigración.

Pero esta fue la única parte incómoda de la reunión que ayer mantuvo el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, con Jaime Mayor Oreja, entre las 14.00 y las 16.30. Durante media hora estuvieron solos y después se incorporaron a un almuerzo la responsable socialista de inmigración, Consuelo Rumí, y el delegado del Gobierno para Extranjería, Enrique Fernández-Miranda. Terminada la reunión, hubo otra del todavía titular de Interior con el portavoz del PP, Luis de Grandes. Esta situación tendrá que repetirse en unos días, cuando tome posesión el nuevo ministro del Interior.

Los socialistas confían en que lo hablado ayer no haya caído en saco roto y que la buena disposición de Mayor Oreja -que tomó nota de todas las propuestas del PSOE- sea asumida por su sucesor. Es verdad que el tono más duro correspondió a Luis de Grandes, que en todo momento reivindicó la ley vigente, pidió al Gobierno que 'persistiera en la defensa de los valores que la ley marca' y rechazó un nuevo proceso 'extraordinario de regularización de irregulares'. A continuación mostró sus buenos deseos de que la negociación que ahora empieza termine bien.

El PSOE desplegó ayer su batería de propuestas, entre las que están el ejercicio de los derechos fundamentales que, a su juicio, pueden hacerse cambiando la ley o 'con otras fórmulas'. Pero donde los socialistas pusieron especial énfasis fue en su idea de regularizar a los inmigrantes que están en España mediante la concesión de permisos de residencia transitoria a todos aquellos que tengan una oferta de trabajo. A continuación Caldera pidió la inmediata incorporación al acuerdo de sindicatos y empresarios, como principales artífices de la canalización de los flujos, y también el protagonismo de comunidades autónomas y ayuntamientos. A medio plazo, el Gobierno coincidió con el PSOE en que hay que fomentar 'la política de la legalidad', es decir, que todos los inmigrantes vengan con contrato de trabajo.