El Gobierno decidirá la reforma laboral ante la falta de acuerdo entre la patronal y los sindicatos

La vía de bloqueo en que entró el diálogo social hace 10 días parece a todas luces que no tiene salida. El intercambio de documentos que la patronal y los sindicatos realizaban el pasado martes, día 20, tan sólo ha constatado por escrito que la reforma laboral que ambas partes pretenden tienen difícil encaje. Ante esas profundas discrepancias, el Gobierno ha desestimado insistir en el papel de mediador que ejerció a principios de año, y está en disposición de legislar unilateralmente sin más demora, según fuentes de los negociadores.

Su convencimiento de que las conversaciones no avanzaban no es nuevo. De hecho, el Ejecutivo tenía previsto para el pasado Consejo de Ministros que el titular de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, presentase un informe sobre el estado del diálogo. Eso no se produjo y oficialmente se argumentó que aún no había concluido el plazo límite que los agentes se habían dado, y que termina este miércoles, día 28.

Ahora el Gobierno sí cree necesario intervenir y el pasado viernes e incluso ayer domingo los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y Trabajo hicieron llegar a los negociadores un mensaje claro: el próximo Consejo de Ministros estudiará las medidas oportunas, ya que patronal y sindicatos no han logrado un pacto. Las primeras medidas irán por decreto ley y otra segunda tanda se dejará para la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del próximo año.

Ese primer grupo de reformas se refieren a la contratación. En concreto, el Ejecutivo planea ampliar a más colectivos el contrato fijo con indemnización por despido de 33 días por año trabajado y un tope de 24 mensualidades. Ahora esa figura está prevista para jóvenes entre 18 y 30 años, mayores de 45, parados más de un año y mujeres de profesiones donde están subrepresentadas. La duda es si la extensión será completa a todos los nuevos contratos fijos o se basará en dos de los tres supuestos que contiene el documento de CEOE: la ampliación por edad (entre 16 y 33 años) y por situación en desempleo (para quienes lleven más de seis meses en paro). Previsiblemente, el Gobierno descarte la tercera propuesta de CEOE de generalizarlo a todas las mujeres, de dudosa constitucionalidad por discriminatoria por sexo.

Junto a ello quiere introducir un cambio en la contratación temporal para frenar su uso, dotándola de una indemnización para el trabajador al término de la relación laboral, de 12 días por año trabajado, así como medidas para flexibilizar el contrato a tiempo parcial fijo. Otras reformas referidas a la negociación colectiva, como eliminar la ultraactividad (empezar a negociar los nuevos convenios desde cero), quedarían para la Ley de Acompañamiento.

En cuanto a la mesa de Seguridad Social, el Ejecutivo había vinculado su destino a la de mercado laboral. En ella había algunas aproximaciones y Trabajo aceptaba una demanda sindical y estudiaba extender la jubilación anticipada a colectivos con problemas, como los parados que no puedan reinsertarse en el mercado laboral. A su vez, los sindicatos habían admitido ya la propuesta de la Administración de incentivar el retraso de la jubilación más allá de los 65 años. Ahora, previsiblemente, esta negociación se transforme en un mero periodo de consultas que de otro hachazo más a la cultura del diálogo.