Último pulso en el diálogo social

A cuatro días de que concluya el plazo límite del diálogo social, los sindicatos CC OO y UGT devolvieron ayer el pulso a la patronal. Si insiste en que su propuesta de reforma laboral del martes pasado es realmente 'la última', el fracaso está servido. Sólo habrá acuerdo si introduce 'una modificación radical', y si incluye medidas efectivas para reducir la contratación temporal. En esos términos describieron ayer el estado de las negociaciones los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, que en ningún momento hablaron de ruptura.

La situación es difícil, pero no irreversible. El órdago de los sindicalistas se produce después del que les planteó esta semana la confederación empresarial. La CEOE expuso por primera vez por escrito una reforma que se basa en extender la indemnización por despido de 33 días a todos los nuevos contratos (respetando los derechos adquiridos del actual contrato ordinario con indemnización de 45 días), una amplia flexibilidad de la contratación a tiempo parcial fija y cambios profundos en la negociación colectiva, con la eliminación de la ultraactividad (poner el contador a cero cada vez que se negocie un convenio).

La respuesta de los sindicatos es que ese modelo de reforma no les vale. Su mensaje está dirigido al comité ejecutivo que la patronal tiene convocado para el próximo martes. Fidalgo resumía ayer así los objetivos sindicales: 'Queremos un acuerdo porque hay problemas que resolver. Pero que alguien nos diga si hay un problema mayor que el que un tercio de los asalariados tenga contrato temporal. Si eso no se corrige, no vemos un acuerdo'.

Abaratar el despido

El líder de UGT precisó que no van a aceptar que el eje de gravedad de la reforma esté en abaratar el despido y en debilitar los derechos sociales. En su criterio, el documento de CEOE 'no parece encaminado a la búsqueda del acuerdo, sino dirigido al Gobierno, con la planilla de deberes que la patronal le endosa'.

Al Ejecutivo también le lanzaron un reto para que no intervenga en favor de los empresarios. 'No queremos que legisle', dijo Méndez. 'Que el Gobierno no se equivoque, ya que si toma medidas unilaterales regresivas habrá un cambio en el clima social y eso tiene repercusión en las urnas', en clara alusión a la convocatoria de elecciones en el País Vasco antes las que el PP hace una fuerte apuesta.

Se produciría, además, la ruptura de una cultura del diálogo aplicada durante la pasada legislatura. Según Fidalgo, 'los acuerdos últimos han sido muy buenos. Ahí están los resultados electorales, y no sólo económicos, para el Partido Popular'.

Los sindicatos están preparados para el peor escenario, y el viernes pasado el consejo de UGT y el próximo martes el comité de CC OO han empezado a poner en marcha 'una campaña informativa y de movilización de delegados' en las empresas para sopesar el respaldo a sus argumentos y tensar a la organización por si es preciso pasar a las protestas. Asimismo, en caso de que el Gobierno opte por aplicar una reforma dura, la tensión y la conflictividad se trasladaría al proceso de negociación colectiva.

Vigencia hasta el 17 de mayo

Aunque el plazo que se han dado para negociar patronal y sindicatos acaba con este mes de febrero, la vigencia de la anterior reforma laboral concluye el 17 de mayo próximo. Ese día expira la validez de los acuerdos que patronal y sindicatos firmaron en abril de 1997, y que el Gobierno del PP asumió en su totalidad y lo plasmó en una norma.

Su principal aportación fue la puesta en marcha del contrato estable, con una rebaja del despido a 33 días por año trabajado para los colectivos con más dificultades (jóvenes hasta 30 años, mayores de 45 años y parados). Esa nueva figura ha permitido que los empresarios pierdan el miedo a los contratos fijos, que hasta ese momento eran apenas el 4% de los realizados, y desde entonces suponen un 9% de los registrados en el Inem.

El balance es que, desde su entrada vigor, se han realizado 3.015.176 contratos fijos e incentivados. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para reducir de manera notable la contratación temporal. En este periodo la tasa de eventualidad tan sólo ha bajado dos puntos y ha pasado del 33,6% de los trabajadores asalariados al 31,6% (ver gráfico).

El actual proceso se dirige precisamente a completar los acuerdos de 1997 y a corregir lo que no funcionó suficientemente. Las dos partes se sentaron a la mesa el verano pasado con el objetivo común de reducir la temporalidad.

El problema radica en cómo lograrlo. Para la patronal, se debe actuar reduciendo los costes del contrato fijo, en la indemnización del despido y en la eliminación de los salarios de tramitación, y haciendo más atractiva la figura a tiempo parcial fija que apenas se usa. Para los sindicatos, ahora toca actuar donde no se hizo hace cuatro años: mediante el encarecimiento de los costes del contrato temporal, con una subida de sus cotizaciones y estableciendo límites a los encadenamientos, y precisando las causas para la utilización del contrato de obra.