El Tribunal de Cuentas cuestiona que Guipúzcoa aplace tributos a bajos intereses

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuestiona la concesión por la Diputación de Guipúzcoa de 17 aplazamientos de pagos de tributos con tipos de interés inferiores al general, que en 1999 se encontraba en el 5,5%. Cinco de dichos aplazamientos, por un valor de 167 millones, se hicieron a interés cero y los otros 12, por valor de 154 millones, a un interés de entre 2,87% y 3,18%.

El informe del órgano auditor sobre el ejercicio de 1999 de la Diputación guipuzcoana afirma que la institución foral 'incumple' así la Norma Foral General Tributaria y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Diputación discrepa de esta afirmación y argumenta que la normativa le permite conceder este tipo de aplazamientos 'en las condiciones en que cada caso decida' en aquellos supuestos 'en que concurran circunstancias excepcionales o razones de interés público', en este caso 'para salvamento o reestructuración de empresas en crisis'.

El Tribunal de Cuentas indica que la Diputación tenía en diciembre de 1999 ingresos tributarios pendientes de cobro por valor de 73.677 millones, de los cuales 52.961 corresponden a cantidades procedentes de ejercicios anteriores. Las provisiones para insolvencias se elevan a 65.919 millones. A renglón seguido, señala que la Diputación no liquida intereses de demora en los cobros de deudas apremiadas. Aunque el tribunal no cuantifica el importe de dichos intereses, señala que la cifra puede ser 'relevante', dado que hay 26.132 millones pendientes de cobro en vía ejecutiva y que los cobros en vía de apremio han ascendido a 3.018 millones.

Contrataciones

El tribunal observa 'mejoras' en la cuenta general de la Diputación, aunque precisa que aún deben mejorarse otras cuestiones como 'las subvenciones concedidas sin concurrencia por el Consejo de Diputados y las concedidas por el procedimiento general'. Para el organismo fiscalizador, el remanente de tesorería foral debiera disminuir en 7.795 millones, ajuste que a juicio de la Diputación es incorrecto.

Otra cuestión en la que el tribunal ha mostrado su disconformidad es en el pago de cesantías, por 12 millones de pesetas, a cuatro diputados y ocho directores sin que practicar retenciones de IRPF al declararlas como rentas exentas. La entidad auditora cuestiona además que la Diputación adjudicase directamente, sin publicidad ni concurrencia, la contratación de trabajos forestales, que en 1999 ascendieron a 200 millones en total. La actuación foral se basa en que son contratos inferiores a cinco millones, pero el tribunal considera que se fraccionaron los mismos.

Otra crítica se dirige a la falta de publicidad en las contrataciones por la sociedad pública foral de servicios informáticos IZFE, a la que se adjudicaron servicios por 361 millones de pesetas de forma discrecional.