La Universidad de Valencia solicita también la retirada del anteproyecto de consejos sociales

Los equipos de gobierno de las universidades de Alicante y Castellón mantienen una actitud cautelosa al respecto, dado el carácter interino de su gestión, al encontrarse en pleno proceso electoral. A diferencia de la Politécnica, sin embargo, el equipo rectoral de la Universidad de Valencia no descarta que el anteproyecto se llegue a tramitar y ha formulado una veintena de alegaciones a la reforma auspiciada por el Consell, en previsión de tal eventualidad.

En ese sentido, el documento rectoral subraya que cualquier regulación legal de los consejos sociales que efectúe la Comunidad Autónoma ha de partir de la premisa de que la LRU define los fines y funciones del consejo social, 'por lo que únicamente procede determinar el número de sus miembros y la representación de los intereses sociales'. Éste es el marco legal que, según el documento de la Universidad de Valencia, conculcan varias de las previsiones contenidas en el anteproyecto de la Generalitat. Así, por ejemplo, se 'sorprende' de que éste defina el consejo social como 'órgano colegiado de gobierno universitario', cuando la LRU lo define como 'órgano de participación de la sociedad en la universidad'. También se 'sorprende' de que no se desarrolle 'en absoluto' la que considera, a tenor de la LRU, una función 'primordial' del consejo social: 'promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad'. Para avalar la importancia de concretar esta función, se aporta un dato revelador: 'en el campo de la financiación extraordinaria de la Universidad, 26 de los 30 consejos sociales' de las universidades públicas españolas 'no han conseguido ninguna'.

La Universidad de Valencia considera, además, que deben 'suprimirse' una decena de párrafos relacionados con funciones de carácter económico y en materia de gestión y advierte que la única competencia atribuida por la LRU a los consejos es la 'aprobar el presupuesto y la programación plurianual de la universidad'. Apunta, por otro lado, que aumentar el número de miembros de los consejos sociales (el anterpoyecto propone 35) iría en detrimento de su operatividad y eficacia.

Cuestión de competencias

El Consejero de Educación Manuel Tarancón ha salido al paso hoy de las críticas recibidas por la propuesta de su departamento. En declaraciones a Europa Press, justificó la decisión de no esperar a la nueva Ley de Universidades anunciada por el Ministerio en que la Generalitat 'tiene su propia capacidad y autonomía y, por tanto, se hace dentro de las competencias que la actual legislación reconoce a las comunidades autónomas'. El Consejero señaló, asímismo, que 'no hay ninguna competencia nueva en nuestra ley, todas están recogidas en en las leyes de consejos sociales de otras autonomías'. Tarancón añadió que se tendrán en cuenta las aportaciones de los rectores y prevé que el texto sea enviado a las Cortes el mes próximo.

Por parte del PSPV-PSOE, su portavoz en materia educativa, Manuel de Barros, advirtió que si el proyecto llega a las Cortes, presentarán 'una enmienda a la totalidad'. Entre tanto, serán 'beligerantes y críticos'.