Las minas del Bages acumulan 60 millones de toneladas de residuos
Las minas de Sallent i Súria, ambas propiedad de la israelí Dead Sea Works, producen, según ERC, cuatro millones de toneladas anuales de residuos con un alto porcentaje de cloruro sódico que puede ser reutilizado. El diputado al Congreso por ERC, Joan Puigcercós, ha relacionado directamente la presencia de las montañas de potasa con la alta presencia de cloruros en el río Llobregat, lo que pone en jaque la planta potabilizadora de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), una de las principales subministradoras de agua de Barcelona.
Esta planta presenta niveles de cloruros que superan los 2.000 miligramos por litro, que es el límite establecido por el Gobierno, y esto, según estudios de la Agencia Catalana del Agua y de la AGBAR (Sociedad General de Aguas de Barcelona) cuestiona muy seriamente la viabilidad de la planta de Sant Joan Despí, hasta el punto que no se cuenta con los 80 hectómetros cúbicos diarios que ahora aporta en las previsiones de futuro.
ERC cree, según explicó ayer el diputado al Parlament de Catalunya, Xavier Vendrell, que se debe resolver el problema de la salinidad del Llobregat para salvar la planta de Sant Joan Despí, lo que supondría una solución para evitar la necesidad de trasvasar aguas procedentes del río Ebro como indica en el Plan Hidrológico Nacional.
Puigcercós mantiene que el Gobierno central debería invertir para resolver este problema ambiental y para resolver también otros problemas pendientes. Entre ellos, los que causa la sal en el barrio de la Botjosa de Sallent, los hundimientos del barrio de la Estación, del mismo municipio, que se encuentra sobre una vieja galería, o la pérdida de vegetación arbórea en la zona de Cerarols.
Pacto minero
Puigcercós entiende que además se debería hacer un trato para los pueblos mineros del Bages similar al que se ha alcanzado en las cuencas del carbón, ya que en los últimos 10 años, la ocupación minera ha pasado de ser de 4.000 personas a 1.100. El diputado republicano presentó ayer una proposición no de ley para solicitar la intervención del Gobierno central con la convicción de que su propuesta será estudiada.
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