Las escuelas con financiación pública reservarán plazas para inmigrantes

El Decreto de Matriculación para el curso que viene prevé que los centros escolares sufragados con fondos públicos reserven cuatro plazas por grupo para alumnos con necesidades educativas especiales, eufemismo que designa a los procedentes de la inmigración. El decreto fue aprobado en el Consell Executiu del martes, pero aún no ha sido publicado en el Diari Oficial de la Generalitat. Lo que ha trascendido del mismo ya ha creado polémica. USTEC-STEs anunció ayer que lo impugnará si no se garantiza la integración de este alumnado.

USTEC acusa al Departamento de Enseñanza de tener 'poco interés' en conseguir la integración total del alumnado, y advierte del peligro de que algunos centros de enseñanza se conviertan en 'verdaderos guetos'. La Generalitat, asegura el sindicato, utiliza el argumento del 'derecho de los padres a escoger centro' para favorecer a los privados concertados, aumentando la partida presupuestaria que destina a conciertos en detrimento de la escuela pública. La política de la Generalitat, asegura USTEC, impide la creación de mecanismos para integrar al alumnado.

Enseñanza adelantó ayer algunos aspectos del decreto. El artículo 2, dijo, fija 'el derecho a la educación' y 'la posibilidad de elección de centro' por parte de los padres, precisando que se trata de una 'posibilidad' y no de un 'derecho'. El decreto establece que las comisiones de escolarización de alumnos, pieza clave del proceso, 'tendrán continuidad a lo largo de todo el curso' en aquellas áreas donde haya 'un número importante' de alumnos procedentes de la inmigración o de situaciones sociales desestructuradas.

Estas comisiones están formadas por los directores de los centros y representantes de Enseñanza, ayuntamientos, consejos comarcales, padres y madres de alumnos, consejos escolares y directores de los equipos de asesoramiento psicopedagógico. La Generalitat, 'de acuerdo con los ayuntamientos', delimitará la zona de influencia de los centros y establecerá las áreas con una presencia importante de este tipo de alumnado.

El decreto establece una reserva de cuatro plazas en cada clase para este tipo de alumnos, que las delegaciones territoriales pueden ampliar. Las solicitudes de matriculación se podrán presentar, además de en el propio centro, en el ayuntamiento o en las delegaciones de Enseñanza. El decreto disminuye el peso de la renta anual de la familia en la selección de los alumnos, que sólo tendrá valor cuando los padres sean beneficiarios de la renta mínima de inserción.