La policía desarticula la mayor rebelión carcelaria de la historia de Brasil

El secretario de la Administración Penitenciaria del Estado de São Paulo, Nagashi Furukawa, anunció ayer que las rebeliones fueron controladas en las 29 cárceles amotinadas, que suponen casi la mitad de todas las que tiene ese Estado. El último penal en normalizarse fue el enorme complejo penitenciario de Carandirú, enclavado en el centro de la capital, con un total de 10.000 presos (aunque su capacidad teórica no supera los 2.000 internos). Muchos de los 5.000 rehenes siguieron ayer por la tarde en el penal. Los más reacios a salir fueron varios grupos de madres y esposas de los presos, que decidieron quedarse hasta que la policía abandonase la cárcel, por temor a que los agentes perpetrasen una matanza como en 1992, cuando acabaron muertos 112 reos en una rebelión similar.

Esta vez, la policía -tras los disparos iniciales, que causaron dos muertos y varios heridos- se limitó a permanecer en los patios esperando a que las negociaciones resolvieran el problema.

Uno de los elementos que permitió la liberación de los rehenes fue la negociación que el diputado de izquierdas Eduardo Greenhalgh, del Partido de los Trabajadores (PT), mantuvo dentro de la cárcel con los cabecillas de la rebelión. Anteriormente, las autoridades federales y estatales se negaron rotundamente a negociar las condiciones propuestas por el Primer Comando de la Ciudad (PCC), es decir, el retorno a Carandirú de los 10 activistas de dicha organización que habían sido transferidos el viernes pasado a otras cárceles.

Dicha organización, nacida hace ocho años en las cárceles de Río de Janeiro entre presos condenados por tráfico de drogas y homicidio, organizó el motín. Bastaron unos tiros al aire para que los presos de medio Estado, en contacto a través de radio o de teléfonos móviles, entraran en rebelión haciendo rehenes a los familiares que visitaban a los presos. Es la primera vez que los reclusos organizan un motín de esta forma.

Todo el país pudo seguir durante 24 horas y en directo lo que ocurría en los penales; algunas escenas de la intervención policial recordaban a campos de concentración, con miles de presos desnudos empujados contra las paredes de los patios y despues colocados de rodillas, mientras se cubrían los genitales con las manos.

El Ministerio de Justicia admitió ayer su 'ineficacia' para prever motines masivos en las cárceles y anunció que va a adquirir equipos para bloquear la telefonía móvil, que sirvió para articular la rebelión. Poco después, el presidente, Fernando Henrique Cardoso, dijo estar 'indignado' por la revuelta. A través de un portavoz, aseguró que la política penitenciaria del Estado es 'excelente', y que el presupuesto ha crecido de 4,5 millones de dólares a 33 en el último año. Por su parte, Aministía Internacional dijo ayer que 'el Gobierno debe sustituir la retórica por un respaldo financiero firme a la reforma del sistema penal y judicial'.