Dimite una consejera del Gobierno balear que firmó un contrato blindado

La socialista Misericòrdia Ramon renunció ayer a su cargo de consejera de Innovación Tecnológica y Energía del Gobierno balear, siendo sustituida por Priam Villalonga, miembro de la ejecutiva del partido. Ramon presentó su dimisión a petición del presidente, el también socialista Francesc Antich, anticipándose a una denuncia pública del PP que la acusaba de firmar un blindaje multimillonario en el contrato del anterior gerente del parque tecnológico balear Parc Bit, que dependía de su departamento. El portavoz gubernamental asumió la 'irregularidad' y el 'error' de la ya ex consejera, aunque matizó que el modelo de contrato lo desarrolló el PP.

Ramon, de 49 años, natural de Reus (Tarragona), es bióloga experta en genética de las poblaciones. Antich le había encomendado impulsar la nueva economía, negociar soluciones al sistema energético cerrado y caduco de Baleares e impulsar los planes de investigación. Desde hace meses había perdido el apoyo de Antich y del partido, por lo que su caída se interpreta como una crisis prevista. Es la segunda renuncia de un consejero del multipartido PSOE-PSM-IU-Els Verds; la anterior, en mayo de 2000, con menos de un año en el cargo, fue la del ecologista Joan Mayol, del nacionalista PSM.

Más allá de la pérdida de confianza del presidente Antich, la salida de la socialista Ramon tiene una razón concreta: la fórmula de amparo laboral que ofreció -mediante un contrato privado de gestión empresarial- a un abogado y militante de su formación, Felio Morey, para dirigir la empresa pública Parc bit, el parque de telemática e innovación que se está construyendo en Mallorca.

El acuerdo tenía una vigencia de 10 años, un sueldo anual de 12 millones de pesetas y una posible cláusula de indemnización mutua cifrada en el total de los emolumentos del contrato pendiente. Morey dimitió en enero por desacuerdos con la consejera, a los ocho meses de tomar posesión, pero ni él ni la Administración ejecutaron la citada indemnización bilateral. Morey cobró un finiquito de tres millones.

'Es un disparate, han convertido la función pública en un campo de juego privado y personal', manifestó José María González Ortea, portavoz del PP. Horas después, al ser sorprendido con la renuncia de Ramon -el PP no la había reclamado-, Ortea añadió: 'Al PP no le basta'. Otra portavoz conservadora, Isabel Cabrer, abogada funcionaria del Gobierno, describió el asunto de manera penal: 'Es un claro caso de malversación de caudales públicos'.