Balza denuncia que Interior incumple el reparto al 50% de las escoltas

Esta crítica de Balza se suma a la que realizó la semana pasada por el 'incumplimiento' de otro acuerdo cerrado el pasado verano entre ambas administraciones, el compromiso del Ministerio del Interior de suministrar y analizar conjuntamente con la Ertzaintza toda la documentación que cayera en manos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en las operaciones antiterroristas. 'En este apartado, es cierto que se cumple en lo que se refiere a objetivos de personas que aparecen en la documentación de los comandos, pero exclusivamente eso. Es decir, la información que, por ejemplo, llega a los mandos de la Guardia Civil vía Francia, sigue sin llegar a nuestros expertos antiterroristas', aseguró el consejero de Interior.

El acuerdo alcanzado en noviembre pasado en la Junta de Seguridad, el órgano de coordinación en el que están representados los responsables de Interior de las Administraciones central y vasca, repartía al 50% los servicios de escolta en el País Vasco. El departamento de Javier Balza se vio forzado a cerrar un acuerdo en esta materia porque la situación se había vuelto 'insostenible', según sus propias palabras. El consejero se refería a que el incremento de ediles y políticos susceptibles de ser objetivo de la organización terrorista había obligado a la Ertzaintza a detraer a 200 agentes del servicio de Seguridad Ciudadana, los ertzainas que patrullan por las calles. La Guardia Civil y el CNP cubrían entonces el 35% de los servicios de escoltas, según datos oficiales.

El diferente cumplimiento de ambas administraciones a este acuerdo político no es una cuestión de desidia por parte del ministerio. Los responsables del CNP y la Guardia Civil han optado por trasladar nuevos agentes al País Vasco para dar este servicio, ya que con sus actuales efectivos no logran a cubrir ni de lejos las necesidades pactadas en noviembre. Por su parte, la Ertzaintza ha preferido encargar el trabajo a las empresas privadas, ya que de lo contrario se vería obligada retirar de las calles a un gran número de agentes. Con este fin, el Gobierno vasco aprobó el 3 de octubre pasado año una partida de 1.800 millones de pesetas: 200 millones para los dos meses últimos de 2000 y otros 800 millones de pesetas anuales para los dos próximos ejercicios. Esta medida fue criticada por Izquierda Unida y por el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, Erne, de una 'privatización encubierta' de la seguridad pública en Euskadi.

Esta sustitución de ertzainas por agentes privados se ha ido produciendo de manera paulatina desde que se cerró el acuerdo de la Junta de Seguridad de noviembre. El trabajo de estos escoltas se está realizando, según diversas fuentes, siguiendo los procedimientos operativos de los cuerpos policiales y con la supervisión de la comisión técnica de Fuerzas de Seguridad del Estado-Ertzaintza. De este modo se 'garantiza la correcta coordinación' de los diferentes cuerpos que participan en este dispositivo de seguridad.