Varias dificultades políticas y normativas

Sobre el proceso pesan incertidumbre políticas. El Gobierno ha reiterado en las últimas semanas que la presencia de capital público, y en particular de 'Estados soberanos', en el accionariado de algunos de los promotores de las tres ofertas públicas de adquisición (OPA) actuales sobre Cantábrico podría entrañar severas 'dificultades' legales para esas operaciones.

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2000 prevé que las sociedades que se hallen en esas circunstancias no puedan ejercer sus derechos accionariales por más de un 3%, aun cuando tomen participaciones muy superiores en empresas energéticas españolas.

Esta limitación afecta a la OPA lanzada por Cajastur en alianza con Electricidade de Portugal (EDP), dado que esta sociedad está participada en el 30% por el Estado portugués. También puede incapacitar al consorcio formado por Ferroatlántica (Grupo Villar Mir) y la alemana EnBW, porque en esta compañía está presente, además de diversos municipios, la sociedad estatal francesa Électricité de France (EDF), propietaria del 25% de EnBW. Y en la también alemana RWE participan diversos ayuntamientos y entes regionales, aunque el Gobierno ha dicho que no tendrá la misma prevención hacia las participaciones municipales que hacia las estatales.

También hay dudas normativas sobre el enunciado y diseño de las dos últimas OPA, que son las que ahora está valorando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para autorizarlas. Este organismo ya autorizó la de Cajastur y EDP y aún debe pronunciarse sobre las otras dos: la de RWE y la modificación introducida en su primera oferta por Ferroatlántica y EnBW. La de Cajastur y EDP fue admitida en los 15 días ordinarios de que dispone la CNMV para pronunciarse, pero la anterior de Ferroatlántica, en su primera propuesta, tardó dos meses y medio en ser admitida. El proceso, por tanto, podría demorarse.

Ahora las dudas estriban en si la OPA conjunta que lanzó el martes Ferroatlántica y EnBW es una nueva oferta o la misma que cursó Ferroatlántica el 28 de septiembre mejorada, como aseguran sus promotores, y -en uno u otro caso- si es admisible que sea más restrictiva en uno de sus aspectos que la que formularon el 25 de enero Cajastur y EDP. Ésta no tiene condiciones, pero Ferroatlántica y EnBW sí condicionan la suya a lograr al menos el 60% del capital de Cantábrico,pese a que la norma exige que toda contraoferta mejore la anterior en todos sus extremos.

Requisitos

La de RWE del pasado martes supera a todas las anteriores, pero, de admitirse la modificación de Ferroatlántica y EnBW, no cumpliría el requisito de superar en al menos un 5% la propuesta económica de la precedente. Como Ferroatlántica y EnBW ofrecieron el martes 25,8 euros, la que RWE planteó ese mismo día, varias horas después, debería haber fijado el precio de Cantábrico no en 26 euros por acción, como hizo, sino en al menos 27,09 euros. Ambas propuestas podrían tener que replantearse. Y esto es lo que la Bolsa está esperando cuando el jueves Hidrocantábrico llegó a cotizar en algún momento de la jornada a 25,98 euros. Por último, permanece la intriga de cómo unos y otros van a sortear las severísimas barreras estatutarias de que está dotada la empresa eléctrica asturiana.

El blindaje se convierte en un elemento más de incertidumbre. El blindaje de Cantábrico reduce la capacidad decisoria de cualquier accionista al 10% de las acciones de la compañía, cualquiera que sea su participación accionarial, y puede impedir durante tres años que un nuevo accionista se incorpore a los órganos de gestión de Cantábrico.

Para levantar el blindaje se precisa el apoyo del 75% de las acciones presentes en la junta general de accionistas.

De mantenerse estas medidas defensivas, cualquier nuevo accionista precisa el apoyo de dos tercios del consejo de administración de la compañía eléctrica para acceder a este órgano. La lucha por ganar la voluntad de los consejeros ya ha comenzado. De los 14 consejeros, seis se han alineado con la OPA de Cajastur y EDP, y otros seis, con la de RWE. Otros dos, ambos independientes, no se han pronunciado, y el décimoquinto miembro, el presidente de Hidrocantábrico, Óscar Fanjul, se ha declarado neutral.