Seis grúas municipales sin documentación legal han retirado coches durante un año en Valencia

La irregularidad se inició en el cambio de nombre de la empresa concesionaria desde 1995 del servicio municipal y propietaria de los vehículos. Cleop se declaró hace más de cuatro años en suspensión de pagos. Pero interesada en conservar el servicio que dispensaba al Ayuntamiento, lo derivó a una nueva empresa con el nombre de ServiCleop.

Por aquel entonces, algunos de los vehículos de su propiedad estaban aún en fase de financiación. A la hora de renovar las tarjetas de transporte se planteó el problema. La documentación acreditativa no podía estar a nombre de una empresa que ya no figuraba sino de la nueva, concesionaria del servicio.

ServiCleop estaba así obligada a liquidar la financiación pendiente de las grúas en cuestión y, en su caso, abrir un nuevo crédito. En lugar de eso, dejó los vehículos a nombre de Cleop y las tarjetas de transporte, inexcusablemente necesarias para rodar, no se renovaron. Por tanto, el Ayuntamiento ha permitido que cinco grúas, de las 21 que operan en Valencia, funcionen con la tarjeta de transportes caducada desde el 29 de febrero de 2000 y que una más no tenga siquiera el citado documento. Este servicio depende de dos concejalías: Transportes y Seguridad Ciudadana y Delegación de Policía Local.

Las seis grúas han inmovilizado unos 10.000 vehículos en el último año. El precio máximo, en el momento de iniciarse la irregularidad, que debía pagar el propietario de un coche retirado por la grúa era de cerca de 17.000 pesetas. El importe mínimo no llegaba a las 9.000 pesetas.

La media aproximada de cada servicio estaría entonces en las 13.000 pesetas. Lo que supone que se han recaudado unos 130 millones de pesetas por retirada de vehículos haciendo servir grúas en situación irregular.

Las grúas sin papeles

Las grúas que tienen la tarjeta de transportes caducada desde febrero pasado están identificadas numéricamente como la 38 -adscrita para realizar sus servicios en las localidades de Alfafar, Benetússer y Xirivella-, la número 40, la número 41, la número 42 y la número 43. A ellas se suma la número 39, que no tiene tarjeta de transportes alguna.

Según el pliego de condiciones hecho público por el Ayuntamiento de Valencia para la concesión de este servicio, la empresa que lo realiza y propietaria de las grúas entrega íntegramente al consistorio el importe que paga el afectado en el momento de la retirada de su vehículo.

Con posterioridad, y en virtud del citado pliego de condiciones, es el Ayuntamiento quien abona la parte que corresponde a la compañía adjudicataria del servicio.

Así pues, el Ayuntamiento de Valencia ha recaudado alrededor de 130 millones de pesetas de forma irregular.

Según los servicios jurídicos consultados, los afectados tienen derecho a presentar una reclamación y, a través de la documentación que debe guardarse de cada una de las operaciones de retirada de vehículo, debería ser el Ayuntamiento quien devolviera el importe de lo pagado a los titulares de los vehículos retirados por las grúas que trabajan sin tener la documentación en regla.

Las seis grúas sin tarjeta de transportes en las condiciones que exige el propio Ayuntamiento continúan actualmente en servicio activo y no han pasado ningún tipo de revisión ni está en marcha proceso alguno orientado a la acreditación de la documentación de la que deberían disponer para la retirada de vehículos.