El Ayuntamiento de Málaga aumenta el coste de tres obras en casi 300 millones

Al gobierno del PP en Málaga siguen sin salirse las cuentas en las obras municipales. Ocurrió en el palacio de los deportes, en el túnel de la Alcazaba y en las obras del Camino de Antequera. En todos los casos hubo que recurrir a modificados que incrementaban el precio de adjudicación. Ahora ha vuelto a ocurrir con tres nuevas promociones de viviendas sociales, con el agravante de que el equipo del PP ha decidido dar luz verde a los aumentos de precio - en total 287 millones- a pesar de que el negociado de contratación ha emitido informes advirtiendo que no están justificados y que el interventor ha pedido que queden en suspenso al no existir presupuesto para asumir el sobreprecio.

Se trata de tres promociones en El Romeral (237 viviendas de VPO), Cortijo Cabello (257 de régimen especial de alquiler) y calle Ollerías (49 VPO). En el primer caso, llueve sobre mojado, ya que se trata del segundo modificado que presenta la empresa desde que se hizo cargo de la obra. Esta promoción fue adjudicada en 1.133 millones de pesetas y el Instituto Municipal de la Vivienda ya aprobó un modificado por importe de 96 millones. El pasado viernes dio luz verde al segundo, otro sobrecoste de algo más de 38 millones de pesetas. Sumado, representa un aumento del 11,92% sobre el importe de licitación inicial. La propuesta se aprobó con los votos favorables del PP y del PSOE, mientras IU se opuso.

Promoción de viviendas

A este consejo y con igual resultado se llevaron los otros dos modificados. En el caso de Cortijo Cabello, se trata de una promoción de 257 viviendas que fue adjudicada en 1.261 millones de pesetas y en el que se ha aprobado un incremento de 93 millones de pesetas. La justificación es el desvío del canal de abastecimiento de agua y de una línea de alta tensión. Finalmente, el último caso afecta a 49 viviendas de calle Ollerías, un proyecto adjudicado en 263 millones y del que se aprueba un sobrecoste de 49 millones.

Las tres propuestas llegaron al consejo del Instituto Municipal de la Vivienda con informes del negociado de contratación advirtiendo que 'no consta que se haya justificado que las modificaciones introducidas por el proyecto tengan su razón de ser en necesidades nuevas, algo que no debe confundirse con imprevisiones técnicas'. En ellos se advierte que el precio de la adjudicación era 'cerrado', salvo problemas que tuvieran que ver con la cimentación o actuaciones vinculadas a ella.

También el área de intervención advertía en sus informes que a pesar de que los incrementos no superaban el limite legal del 20% establecido por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 'no existe consignación suficiente para hacer frente al gasto'.

Tanto el PSOE como Izquierda Unida han censurado estas prácticas. El uso es tan habitual que el gobierno del PP llevó a incluir en los presupuestos del año pasado una partida económica para hacer frente a eventuales incremento de precio en las obras, tras su adjudicación.