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El Gobierno da un mes a la Diputación de Álava para que rectifique la expansión de Vitoria

En el peor de los casos y si persiste el desencuentro institucional, el Gobierno incluso se plantea la posibilidad de suspender el plan, que es el documento que regula el desarrollo de la ciudad durante la próxima década, en algunos ámbitos. El recurso entró en el registro de la Diputación el pasado jueves, por lo que la institución foral dispone de un mes a partir de ese momento para rectificar.

El Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, dirigido por Patxi Ormazabal, considera que la Diputación ha resuelto el Plan General (lo aprobó de manera definitiva en diciembre) 'contraviniendo' diversos aspectos vinculantes del informe de la Comisión de Ordenación, órgano en que participan todas las administraciones de la comunidad autónoma con competencias en urbanismo.

Según el Gobierno, el plan recoge un crecimiento residencial excesivo en los pueblos de Amarita, Castillo, Gamarra Mayor, Lasarte, Mendoza, Ullivarri Viña y Villafranca, y una expansión más selectiva, pero igual de exagerada, en Miñano y Berrosteguieta. El departamento considera que es necesario reducir un 12% (131) el número de chalés previstos en esas zonas y suspender durante un año cualquier plan en las localidades de Miñano (donde se quieren levantar 246 casas) y Berrosteguieta (444). La consejería de Ormazabal se ha regido por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), que especifican que los municipios de escasa entidad poblacional y con una estructura urbana de varios núcleos residenciales sólo podrán crecer en un número de viviendas similar al de las ya existentes.

Además, la aprobación del plan tampoco ha incorporado la compatibilización del desarrollo de la capital alavesa con el del aeropuerto de Foronda y ha omitido la condición impuesta de realizar estudios de inundabilidad de las áreas que se van a urbanizar.

Otro de los aspectos de fricción es que no se han plasmado en el documento los estándares de suelo destinado a la construcción de viviendas de protección oficial. Todo terreno urbanizable, según la ley vasca, debe reservar un 65% de su aprovechamiento para casas protegidas, que en algunos casos no resultan rentables para los promotores, dado que su precio en el mercado es muy inferior al de las viviendas libres.

El enfado en el Gobierno por la actitud de la Diputación es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que una institución no respeta un informe vinculante de la Comisión de Ordenación. Para Ormazabal, la resolución foral pretende 'subvertir el ordenamiento que históricamente ha respetado por atender las pretensiones de un ayuntamiento del mismo color político', en este caso del PP.

Mediador

El alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, reiteró ayer que la disputa entre el Gobierno y la Diputación hay que circunscribirla a un conflicto de competencias. Según Alonso, el grueso del plan no está en peligro, ya que lo que se está cuestionando no es una parte vital del documento. El alcalde adoptó una postura conciliadora y admitió que no está de acuerdo con algunas restricciones impuestas por la propia Diputación al plan original, pero que no por eso va a recurrir esta decisión. Incluso llegó a ofrecerse a las dos instituciones como mediador para tratar de resolver el conflicto y que el Plan General no sufra retrasos en su aplicación.

Desde el Departamento de Ordenación se insiste en que el recurso de reposición supone un intento conciliador antes de emprender otras vías más contundentes. Mientras, la Diputación rechaza que haya realizado 'seguidismo' del Ayuntamiento al aprobar el plan, a pesar de que los dirigentes que que gobiernan en ambas instituciones pertenecen a la disciplina del Partido Popular.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de febrero de 2001

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