El Senado boliviano investiga las fuentes de periodistas

Una comisión de investigación del Parlamento de Bolivia pretende solicitar en los próximos días la comparecencia obligatoria de varios periodistas. Se trata de interrogarles sobre sus fuentes de información en la elaboración de los artículos sobre el escándalo que llevó a dimitir, en enero pasado, al entonces ministro de la Presidencia, Walter Guiteras. El Senado boliviano se suma así al acoso del dimisionario contra un sector de la prensa boliviana al que culpa de su salida del Gabinete.

Éste es un nuevo intento de obligar a comparecer ante esa institución a personas relacionadas con los medios de comunicación, en unos trabajos iniciados para aclarar las responsabilidades del ex ministro y senador en presuntos malos tratos en el seno de su familia y abuso de poder (con sobornos a policías incluidos) para evitar el conocimiento público del incidente. Guiteras, en su momento brazo derecho del presidente Hugo Bánzer, debió dimitir por el escándalo, pero arremetió desde el primer momento contra los medios de comunicación que lo denunciaron.

El controvertido político ha intentado, desde el momento en el que fue descabalgado del poder y perdió el respaldo de sus compañeros de Gobierno, ocultar el origen de las denuncias: una presunta agresión a su mujer y a su hija menor en el domicilio familiar en la noche del 1 al 2 de enero último. La esposa del entonces ministro de la Presidencia hubo de acudir a un centro policial, apenas vestida con ropa de cama, semidescalza, llorosa y presa de una crisis de angustia, para pedir el auxilio de los agentes ante el estado -al parecer ebrio, según un testigo que permanece con identidad oculta para preservar su vida- de su esposo, que la habría golpeado por no querer mantener relaciones sexuales.

Acusaciones sin pruebas

En su estrategia, primero de negación y más tarde de ocultación, Guiteras se dedicó a lanzar acusaciones sin pruebas y siempre amparado en su inmunidad parlamentaria, en declaraciones extrajudiciales, contra el empresario Raúl Garáfulic (del grupo que edita La Razón, El Nuevo Día, el diario popular Extra y la principal cadena de televisión del país, ATB). Más tarde salpicó a su hijo, director de La Razón, al tiempo que otros personajes implicados en el caso comenzaban a cuestionar la labor de los periodistas que llevaban la investigación.

Al dimitir del cargo ministerial, Guiteras se refugió en su acta de senador y consiguió de la Cámara una comisión que en principio debía investigarle a él. Pero con el paso del tiempo y una peculiar manera de llevar el procedimiento por parte del presidente nombrado al efecto, el dirigente de Condepa (Conciencia de Patria, formación de corte populista expulsada de la alianza gubernamental que ahora encara su último año de legislatura), Reynaldo Venegas, ha terminado por arropar la estrategia contra los periodistas. Venegas cierra las sesiones aportando sus opiniones particulares, como si fueran conclusiones oficiales de toda la comisión y que en varias ocasiones han favorecido al inculpado Guiteras.

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A la actitud del Senado, instancia a la que se han negado a acudir los periodistas, se suma la de los fiscales encargados del caso, que centraron igualmente sus pesquisas en este particular de la 'presión mediática', obviando el celo en la investigación de los hechos originarios del proceso, disposición que tampoco han demostrado las brigadas de asuntos internos de la policía, según agentes consultados por los medios locales.

Ante la justicia sólo hay en la actualidad la denuncia presentada por Raúl Garáfulic contra Guiteras por las acusaciones sin pruebas vertidas por éste, listado que día a día trata de aumentar, siempre emplazando a los testigos o documentos para más adelante. Así, el miércoles, el senador llegaba a solicitar la demolición de la sede del diario La Razón por presunta construcción ilegal, lo que el periódico demostró también falso en su edición del día siguiente. Antes, en una de sus estrambóticas comparecencias públicas (en alguna de ellas había llegado a insultar a los propietarios de los medios denunciantes), incluso retó a un duelo público al que se ha convertido en el blanco de su ira, el empresario Garáfulic.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 09 de febrero de 2001.

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