El Tribunal de Cuentas descubre 62.000 millones sin justificar en el Ayuntamiento de Marbella

El informe final de 258 páginas, elaborado por la sección de fiscalización del Tribunal de Cuentas del Estado y aprobado con un voto particular del consejero Ciriaco de Vicente, destapa un caso de responsabilidad contable de alcance en las cuentas del Ayuntamiento de Marbella, según el dictamen del fiscal Juan José Barrenechea, adscrito al citado órgano. Éste es el término que usan los técnicos para describir los supuestos en los que los gastos no se justifican con facturas que los avalen y que se ha producido un daño patrimonial para las arcas públicas.

El tribunal recomienda al Ayuntamiento que dada 'la relevancia de las deficiencias, irregularidades e incumplimientos de normas legales puestas de manifiesto, la corporación deberá adoptar, a la mayor urgencia, cuantas medidas sean precisas para que todas sus actividades se sometan a los principios y normas que deben regir toda actuación de las Administraciones Públicas'. La auditoría rechaza la mayoría de las alegaciones presentadas por Gil.

Además de la responsabilidad contable, de la que el Tribunal de Cuentas pedirá cuentas a la corporación a través de su sección de enjuiciamiento que cuantificará el daño causado y pedirá su devolución, el fiscal y el abogado del Estado iniciarán acciones contra Gil por presuntos delitos en diversos convenios urbanísticos.

El informe, elaborado por el departamento de Corporaciones Locales que dirige el consejero Andrés Fernández Díaz, no recoge una suma total de las partidas no justificadas, aunque los técnicos del Tribunal las han cifrado en 62.000 millones de pesetas, de los cuales 31.538 corresponden a las transferidas a las 31 sociedades municipales creadas por Gil.

Entre otras muchas, la fiscalización del Estado recoge las siguientes irregularidades:

- Pagos de 382 millones a concejales sin justificar. Las sociedades municipales retribuyen a distintos concejales 'de forma periódica y repetitiva' mediante facturación por éstos de prestaciones de servicios, asistencia y asesoramiento, sin que quede explicitado en las facturas emitidas el tipo de prestación en al menos 294,7 millones. A éstos hay que sumar otros 87 millones no justificados que el Ayuntamiento entregó a varios ediles. No consta el requerimiento del interventor para exigir al interesado las cantidades entregadas.

- Cuenta general ficticia. Las cuentas generales de 1990 a 1996 se aprobaron fuera del plazo previsto. Faltan los estados de la deuda y todos los relativos a movimientos y situación de valores. Pese a que el remanente de tesorería -diferencia entre los ingresos y los gastos reales- fue aprobado con saldo positivo en todos los ejercicios (desde los 908 millones en 1995 a los 3.344 en 1998) se han omitido deudas y derechos que si se hubieran contabilizado habrían determinado un saldo negativo en todos los ejecicios. En 1997 el remanente de tesorería negativo se elevaría a 10.323 millones, lo que supone más del 58% del presupuesto inicial de ese ejercicio.

A 31 de diciembre de 1998 se situaría, al menos, en 7.723 millones negativo, un 40% del presupuesto, y un desequilibrio de 78.509 pesetas por habitante. En mayo de 2000, su deuda con la Seguridad Social, incluyendo la de sus sociedades, se eleva a 13.152 millones. Y con Hacienda a más de 1.111 millones.

- Sospechosas deudas por 9.400 millones. Ni en la relación de terceros ni en los estados y registros contables figuran deudas que están reconocidas por el Ayuntamiento de Marbella en tres sociedades privadas, por 9.479 millones.

- Acreedores falsos o inexistentes. Los saldos pendientes de pago registrados por la corporación son inferiores en 121 millones de pesetas a los que han comunicado al tribunal 25 acreedores. Un particular que figura en la lista de acreedores con una supuesta deuda de 4,4 millones ha comunicado al Tribunal que no ha llevado a cabo ninguna operación con este ayuntamiento. Otro acreedor, que figura con un saldo de 7,2 millones, asegura que no tenía ninguna cantidad pendiente con el municipio marbellí.

- Deudas sin reconocer. Del análisis de los convenios con particulares firmados por el Gobierno municipal de Jesús Gil se constata la cancelación de deudas no contabilizadas, generalmente con la entrega de bienes inmuebles o la compensación de tributos a devengar en el futuro, lo que contraviene la ley.

- Anulación de derechos de cobro. Durante 1997, Marbella anuló derechos por un importe de 4.078 millones de pesetas sin que esta actuación haya quedado justificada y sin que conste la existencia de expediente alguno. A 31 de diciembre de ese año los derechos pendientes de cobro con más de cinco años de antigüedad ascienden a 4.183 millones sin que conste que se hayan practicado las actuaciones para cobrar dichas deudas.

- Veintiún cuentas secretas. De las contestaciones de las entidades bancarias al Tribunal de Cuentas durante la investigación sobre la gestión económica en Marbella se han detectado 21 cuentas abiertas a nombre del consistorio que no están reflejadas en la contabilidad municipal. Es práctica habitual no dar de baja a personas que figuran como autorizadas en las cuentas cuando cesan en su vínculo con la corporación.

- Subvenciones sin acreditar. La corporación aprobó distintas subvenciones a entidades privadas sin que quede acreditado el uso dado a esos fondos públicos.

- Bienes a cambio de préstamos. Entre 1990 y 1997 el endeudamiento a largo plazo ha sido constante y progresivo. Al cierre de ese ejercicio se situaba en 12.956 millones, con una tasa de crecimiento anual del 505%. La devolución a los bancos se hace habitualmente con la entrega de bienes patrimoniales.