Ataques contra Bush por el poder que ha concedido a las iglesias

El plan de Bush, presentado el lunes, es 'el mayor ataque a la separación entre Iglesia y Estado en la historia contemporánea de EE UU', declaró el reverendo Barry Lynn, director de American United, una organización que defiende esa separación. Bush, según Lynn y muchas otras voces, pretende crear 'una nueva burocracia que aglutine al Gobierno y las organizaciones religiosas, lo que constituye una violación de la letra y el espíritu de la Constitución de Estados Unidos'.

Bush quiere distribuir parte de los fondos de cinco departamentos ministeriales de Washington a través de organizaciones religiosas que, según afirma, ofrecen una multitud de servicios sociales no prestados por organismos públicos o grupos seculares. Para ello creó el lunes un nuevo departamento de la Casa Blanca consagrado a esa tarea, dirigido por John Ilulio, profesor de la Universidad de Pennsylvania. Hoy venderá la idea en un Desayuno Nacional de Oración.

Discriminación por fe

Pero, como señaló ayer la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU), 'la gente no tiene por qué ir a la iglesia para recibir ayuda del Gobierno'. Además de amenazar la separación entre Gobierno y religión, el plan de Bush 'establece una discriminación basada en la fe', advirtió Laura Murphy, directora de ACLU. 'Las iglesias, sinagogas y mezquitas repartirán los fondos federales que reciban entre sus parroquianos necesitados, sobre la base de criterios confesionales', señaló. En ese sentido se pronunció la Conferencia de Liderazgo de Derechos Civiles.

El rechazo se produce entre laicos y también figuras religiosas. Igual que el reverendo Lynn, director de American United, el rabino David Saperstein, líder de Centro de Acción Religiosa para la Reforma del Judaísmo, cree que la idea de Bush es 'muy imprudente'. 'Significa', dice el rabino, 'un apoyo gubernamental de la religión sin precedentes'.

Bush defiende su plan, inscrito en el corazón de su 'conservadurismo con compasión', con esta fórmula: 'Estoy convencido de su constitucionalidad, porque no financia iglesias, sinagogas o mezquitas, sino programas concretos y positivos de ayuda a la gente necesitada'. Pero no lo vieron ayer así los editoriales de The New York Times y The Washington Post. El diario neoyorquino calificó la iniciativa de 'una erosión potencialmente peligrosa de la frontera entre Iglesia y Estado, blindada constitucionalmente'. El de la capital advirtió que 'muchas organizaciones caritativas hacen del evangelismo el centro de su trabajo social; es precisamente inculcando sentimientos religiosos como apartan a la gente de las drogas u otros problemas'.

La iniciativa de Bush extiende a escala de EE UU una práctica que impulsó como gobernador de Tejas. En su opinión, las organizaciones religiosas son más efectivas que las gubernamentales a la hora de lidiar directamente con problemas como el alcoholismo, las drogas, la maternidad prematura o la violencia juvenil. Según su argumentación, el Gobierno de EE UU, al igual que los Estados y los municipios, debe canalizar por razones de eficacia parte de su ayuda social a través de esas organizaciones.