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EL GOBIERNO Y LA JUSTICIA

Oposición y asociaciones judiciales recelan de la reforma de la justicia que prepara el Gobierno

Cabanillas arguyó, en declaraciones a la Cope, que si en el caso del indulto concedido al ex juez prevaricador Javier Gómez de Liaño y en el de la anulación de la congelación salarial a los funcionarios se está acusando al Gobierno de 'invasión de competencias', también es 'argumentable', por lo menos, que ha podido producirse 'una invasión en el otro sentido'; es decir, del terreno del poder ejecutivo por parte de los jueces. 'Lleguemos a esta reforma para restablecer un equilibrio que creemos que es más que necesario, porque es nuestro sistema constitucional', defendió.

Cabanillas insistió en que 'si todas las veces decimos que hay que tener respeto a las decisiones judiciales también hay que respetar las competencias y las decisiones de los otros poderes por parte de los jueces', porque 'ése es el equilibrio de poderes'. 'Cualquier Gobierno tiene que defender lo que creen que son sus prerrogativas', explicó, para a continuación defender que los recursos anunciados por el Gobierno frente a veredictos judiciales que le han sido adversos 'hay que entenderlos desde la normalidad'.

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Las reservas de los juristas

El portavoz del Ejecutivo reprochó a la oposición el tipo de críticas que está haciendo al Gabinete a cuenta de los reveses judiciales que ha sufrido recientemente. Según él, 'la búsqueda de arañar unos votos por cuestiones puntuales y de ganar bazas políticas, lo único que denota es oportunismo y una cierta irresponsabilidad'.

Reservas

El portavoz parlamentario de Convergència i Unió en materia de Justicia, Manel Silva, pidió al Gobierno que busque el máximo consenso para sacar adelante la reforma anunciada. 'Se trata de que haya un acuerdo no sólo entre las fuerzas políticas, sino que ese consenso se extienda a todos los operadores jurídicos', explicó.

Silva recordó que CiU rechaza la propuesta del PP, recogida en su programa electoral, de que las asociaciones judiciales sean las que elijan a 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Los representantes del PSOE, de IU y del PNV fueron más críticos con el planteamiento del ministro de Justicia. El diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba opinó que 'la reforma de la Justicia es necesaria, pero el Gobierno no puede abogar por la reforma sólo porque en los tribunales le hayan dado tres palos'. Desde su perspectiva, 'el PP, en lugar de alegar que la Justicia es lenta y no ampara a los ciudadanos, dice que enmienda la plana al Gobierno'.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, interpretó que con las reformas anunciadas el Gobierno 'no intenta superar deficiencias sino impulsar iniciativas del PP contra el poder judicial'.

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