España garantiza un trabajo a todos los irregulares que vuelvan a Ecuador

Fernández-Miranda y el ministro de Asuntos Exteriores ecuatoriano, Heinz Moeller, se presentaron ante los periodistas muy satisfechos por haber llegado a un acuerdo que permitirá la firma de un convenio bilateral que tiene como objetivo frenar el flujo de emigrantes ecuatorianos sin papeles a España y reservar un porcentaje del cupo de extranjeros a los ciudadanos de ese país. Aunque el convenio no establece ninguna cifra se ha barajado un contingente de 40.000 al año.

Al margen de este convenio se sitúa el ofrecimiento de regreso voluntario a cambio de papeles, con carácter excepcional, del Gobierno español y que alcanza al conjunto de ecuatorianos sin permiso de trabajo. Fernández-Miranda no fue capaz de dar cifra alguna de cuántos ecuatorianos indocumentados hay en España, pero Moeller los cifró en 50.000, lejos de los 150.000 que barajan las ONG.

'El mejor negocio que pueden hacer estos inmigrantes es aceptar la propuesta', sentenció el delegado del Gobierno español. ¿Y qué ocurrirá con los que la rechacen? 'Estoy convencido de que la aceptarán', repitió. La insistencia de las preguntas obligó finalmente al delegado del Gobierno a contemplar la posibilidad de que haya inmigrantes que decidan permanecer en España aun sin permiso de trabajo. 'Se les garantizarán sus derechos fundamentales. Sus necesidades serán cubiertas', dijo, sin mayores precisiones.

El canciller ecuatoriano aseguró que su Gobierno poco puede hacer para resolver la situación de sus emigrantes: 'Descansamos totalmente en la buena fe del Gobierno español'. Hacia mediados de febrero Moeller viajará a Madrid para conocer de cerca los detalles de un mecanismo que él mismo calificó de 'inédito'. Mientras, en la calle un centenar de mujeres de emigrantes se desgañitaba: 'España escucha, Ecuador está en la lucha'. Y en España los ecuatorianos reaccionaban con fuertes críticas al acuerdo e incluso con acusaciones de traición al Gobierno de Quito. La asociación Rumiñahui tachó el convenio de 'absurdo' y los encerrados en Valencia declararon a Moller personan non grata por haber 'traicionado' a sus emigrantes.

También en la capital el ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja Ceballos solicitó la regularización de todos sus compatriotas sin papeles ya que considera que 'no se puede pedir a los inmigrantes que están endeudados que regresen a su país para legalizar sus papeles y se vuelvan a endeudar para regresar a España'.

Fernández-Miranda se esforzó en resaltar las bondades del convenio que se firmará el próximo día 31, y que con condiciones similares está en estudio con Marruecos y Polonia, además de intentar vencer las reticencias de los irregulares ante el ofrecimiento de retorno a cambio de papeles. Aseguró que la garantía de que tendrán un puesto de trabajo 'la da el Gobierno', por lo que no es cierto que la decisión final sobre la regularización de inmigrantes resida en los empresarios.

Del acuerdo dijo Fernández-Miranda que 'protegerá los derechos de los trabajadores y combatirá la explotación laboral, humana y el tráfico de seres humanos'. Después de aventurar que 'no hará falta hipotecarse para venir a trabajar a España', el delegado para la Inmigración fue rotundo al advertir de que ésta es la última oportunidad para los sin papeles -'no habrá más procesos extraordinarios de regularización'-, y que la puerta se cierra para aquellos que pretendan vivir en España sin documentación -'el visado de turista no sirve ni servirá para trabajar en España'-.

El delegado del Gobierno fue más lejos incluso al afirmar que el Ejecutivo está dispuesto, después de analizar caso por caso, a financiar el viaje de todos los inmigrantes irregulares si todos en bloque aceptaran regresar a Ecuador para tramitar el visado. No explicó de dónde saldría el dinero para sufragar miles de pasajes de avión Madrid-Quito, cuyo precio mínimo supera las 120.000 pesetas.