Un análisis del Ayuntamiento posterior al de la Comunidad arrojó cifras normales de dioxinas

La legislación vigente impone que las emisiones de dioxinas de la incineradora de Valdemingómez a la atmósfera no pueden superar los 0,1 nanogramos de dioxinas por metro cúbico. El Gobierno regional tuvo confirmación el miércoles de que uno de los hornos de la incineradora llegó a expulsar 1,48 nanogramos, por lo que ordenó su cierre inmediato. La planta municipal quema cada día 900 toneladas de basura procedentes de la capital para producir energía eléctrica. Mientras el horno permanezca cerrado, las 300 toneladas que quema cada día se llevarán al vertedero de Valdemingómez.

El concejal de Medio Ambiente, de quien depende la incineradora, seguía ayer sin conocer las causas del repentino aumento en las emisiones de dioxinas. García-Loygorri, que no ocultaba su desconcierto por el resultado de las mediciones de la Comunidad, reiteró que la cifra de dioxinas emitida por la incineradora está aún '400 puntos por debajo de que exista riesgo para los niños y a 1.000 puntos para los adultos'. García-Loygorri añadió ayer otro dato: en una medición efectuada una semana después de la que ha hecho saltar la polémica, el horno ahora clausurado emitió '0,08 nanogramos de dioxinas por metro cúbico'.

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, destacó que los mecanismos de seguridad establecidos en la incineradora 'no hacen saltar la alarma cuando existe un hipotético riesgo para la salud, sino muchísimo antes', y agregó que 'afortunadamente' Madrid cuenta 'con la legislación más restrictiva en Europa' respecto a las emisiones tóxicas.

El presidente, que insistió en que 'no existe riesgo para la salud' de los residentes en las áreas cercanas a la planta de tratamiento de residuos -Vallecas Villa, Santa Eugenia, Rivas y Vicálvaro-, subrayó que el horno paralizado no se reabrirá hasta que se reciba el informe sobre las causas que provocaron el incremento de las emisiones contaminantes y se establezca un plan de actuación. Entonces se volverá a poner en marcha para tomar nuevas muestras y se detendrá de nuevo su funcionamiento, que sólo se restablecerá definitivamente si se confirma que las emisiones de dioxinas y furanos están de nuevo por debajo de los límites establecidos.

Según Ruiz-Gallardón, 'la hipótesis más razonable es que esos excesos (en las emisiones contaminantes) no sean permanentes, sino que se producen en picos', razón por la que un análisis puede detectar una exceso sobre el nivel permitido y otro no. La Comunidad remitió ayer al fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, la documentación relativa al aumento del nivel de dioxinas.

Por su parte, el alcalde de Arganda y portavoz adjunto de Medio Ambiente del grupo parlamentario PSOE-Progresistas, Pedro Díez Olazábal, anunció ayer que pedirá la comparecencia urgente del consejero de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid. Díez Olazábal exigió que se investigue y se haga pública la 'situación real' de la incineradora. 'Tenemos informaciones de que en la planta se queman residuos indiscriminadamente', señaló. El portavoz socialista recordó que, si Medio Ambiente concede permiso a la cementera de Morata de Tajuña para incinerar residuos, 'vivir en el sureste será un peligro para la salud pública'.

Por su parte, la asociación ecologista Greenpeace reclamó ayer el 'cierre inmediato' de la planta ante 'la alarma y las dudas que generan las polémicas instalaciones'. Esta asociación recuerda que un informe de las autoridades sanitarias de EE UU destaca que las dioxinas son 'cancerígenas' para el ser humano cuando se supera en un 10% el límite establecido de 0,1 nanogramos. Los 1,4 nanogramos detectados en octubre suponen un incremento del 1.480%. Pero Greenpeace asegura que a los niveles de dioxinas que absorben los seres vivos hay que sumar los de otros compuestos clorados muy similares, con lo que 'los niveles de contaminación se multiplican entre dos y cinco veces'.

'Dado que no existe ningún nivel seguro de dioxinas', concluyen, 'la única actuación coherente sería acabar con su fabricación, empezando por su principal fuente: la incineración'.

El químico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Josep Rivera Aranda aseguró ayer a Efe que 'hay más dioxinas en el ambiente en la hora punta del tráfico de una gran ciudad que en las emisiones de la incineradora de Valdemingómez'. Rivera, especializado en el estudio de emisiones tóxicas, consideró que el límite de 0,1 nanogramos es 'extremadamente bajo', por lo que 'no hay motivo de preocupación'. Para que una incineradora no exceda ese margen es fundamental que estén controlados todos los parámetros -temperatura y estado del horno- y que éstos se hallen en 'perfecto estado', añadió.